Todo empezó el 3 de diciembre de 1983, con un decreto de Alfonsín para juzgar a las Juntas Militares. El 9 de diciembre de 1985, la causa obtuvo una sentencia firme.
Hace casi 38 años, el 13 de diciembre de 1983, el flamante presidente Raúl Alfonsín llevaba a cabo una de sus primeras gestiones como mandatario. Con sólo 72 horas en el cargo, firmó el decreto 158, el cual ordenó el inicio del juicio a las Juntas Militares. Dos días después, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Al cabo de unos meses, más precisamente el 20 de septiembre de 1984, la Conadep elevó un informe sobre las desapariciones durante la dictadura. El documento certificó 8961 desapariciones, junto con más de 300 centros clandestinos de detención. También detallaron el modo de operar de dichos lugares: torturas, secuestros y asesinatos.
Inicialmente, el Decreto 158 del presidente Alfonsín delegaba a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de juzgar a los responsables. Sin embargo, tras no cumplir con las expectativas, el juicio se derivó a la Justicia Civil. Este logro fue gracias a una reforma del Código de Justicia Militar, que definió que las cámaras federales puedan intervenir en los juicios a militares.
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Así, la cámara federal integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio se basó en el informe de Conadep. Este documento fue entregado al presidente Alfonsín por Ernesto Sabato, presidente de la comisión.
Los acusados fueron: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.
La sentencia del Juicio a las Juntas llegó a dos años del retorno a la democracia
Después de ocho meses de juicio, la Cámara Federal condenó a cinco de los nueve integrantes de las juntas militares. El Juez León Arslanián fue la voz de esta decisión histórica y unánime, en donde él y otros 5 jueces sentenciaron a 5 militares, entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
Finalmente, la Justicia condenó a Videla y a Massera a prisión perpetua. A la vez, Roberto Viola fue condenado a 17 años de cárcel. Armando Lambruschini recibió 8 años; Orlando Agosti 4 años y seis meses de encierro. Los absueltos fueron Omar Rubens Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya.
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La sentencia contaba con más de 2000 páginas, un documento que era esperado con ansias por el pueblo argentino. De los acusados, el único que decidió asistir al recinto fue Graffigna. Los demás optaron por quedarse en sus casas o en sus lugares de detención.
El juicio en sí fue ampliamente criticado: se pedían penas más severas, se cuestionaba la validez y relevancia del juicio en sí. Concretamente, se trató de un avance importante en términos de justicia y democracia argentina, pero no por es dejaron de haber tensiones entorno al hecho.
Por primera vez, un juicio contó con la voz de más de 800 testigos, lo cual representó una victoria para la justicia argentina. Este proceso logró evidenciar las atrocidades cometidas durante la última dictadura. «Gracias a ese proceso oral, el país se convirtió en una referencia en políticas de derechos humanos y sostenimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia», destacó a Télam Myriam Lewin, sobreviviente y actual directora de la Defensoría del Público.