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Denuncian penalmente al Gobierno nacional por el freno a los medicamentos para pacientes oncológicos

Desde diciembre, la gestión de Milei recortó el envío de medicamentos para pacientes sin cobertura de salud que padecen enfermedades graves o raras. Siete personas fallecieron a la espera del tratamiento. Este jueves, mientras se desarrollaba la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, uno de los periodistas le preguntó acerca de la […]

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Desde diciembre, la gestión de Milei recortó el envío de medicamentos para pacientes sin cobertura de salud que padecen enfermedades graves o raras. Siete personas fallecieron a la espera del tratamiento.

Este jueves, mientras se desarrollaba la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, uno de los periodistas le preguntó acerca de la interrupción de la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos.

Adorni respondió visiblemente fastidiado que "no se había dejado a nadie sin medicamentos" y que "ya lo había contado". "No lo voy a repetir porque ya lo dije", descalificó la consulta.

La respuesta no es cierta. Por eso, además de un amparo colectivo presentado la semana pasada y otros individuales, hay por lo menos dos denuncias penales en Comodoro Py contra Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el de Salud, Mario Russo. 

Uno de los denunciantes, el abogado Daniel Trava, se presentará el martes 30 de abril en la fiscalía de Carlos Rívolo a ratificar el escrito donde pide que se impute al Presidente, a la ministra y al ministro por abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

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Desde el 10 de diciembre, con la llegada del nuevo gobierno, la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales (DASDE), que se ocupa de la provisión de medicamentos a personas en situación de vulnerabilidad que requieren tratamientos costosos para enfermedades graves o raras, interrumpió las entregas y por lo menos siete personas fallecieron mientras aguardaban poder continuar con sus tratamientos. El juzgado que interviene es el de Daniel Rafecas. 

Trava expuso en su denuncia que esto se llama "mistanasia": "El abandono indigno de las personas a las cuales el Estado debe proteger durante su vida entera y no solo en las fases avanzadas y terminales de sus enfermedades".

Lo anterior alude a quienes no pueden afrontar costosos tratamientos y dependen de la ayuda estatal. Entre las medidas de prueba que pide, una es conocer qué se hizo con el presupuesto de casi 38.000 millones de pesos de la DADSE. Este organismo pertenecía a Capital Humano: con el argumento de que querían investigar cómo se hacían las compras de medicamentos, suspendieron el suministro, no reemplazaron el sistema por otro, y Pettovello denunció a la gestión anterior. La DADSE pasó a la órbita de Salud. 

Anteriormente, Martín Alejandro Sangougnet, un paciente sin cobertura de salud que reclama medicación para una úlcera crónica, pidió una cautelar.

En los tribunales federales pidió que se investigue a Russo, pero su abogado Adrián Arena volverá al juzgado de Sebastián Ramos, el que le tocó, a reclamar porque aún no fue citado para ratificar, porque pide ser querellante y quiere ampliar la presentación.

Amparo colectivo

El periodista Fabián Waldman, de FM La Patriada, quien había planteado este tema en la conferencia de prensa del jueves, también le preguntó a Adorni si tenía algún mensaje "para la familia del pibe que falleció". "No tengo ningún mensaje para la familia", fue la respuesta.

Los únicos medicamentos que se entregaron en el último tiempo responden a órdenes dictadas por jueces al otorgar medidas cautelares pedidas por pacientes en forma individual.

El amparo colectivo que presentaron seis organizaciones de pacientes y familiares la semana pasada daba cuenta de al menos 2000 casos de reclamos con expedientes en trámite ante la DADSE (personas que ya tenían un tratamiento asignado que se les cortó), otra muestra del incumplimiento.

La clave de la cautelar era, en esencia, que funcione el organismo, que se designe a sus autoridades y se diseñe su organigrama. Que se implemente un sistema nuevo y eficaz de compra de medicamentos, aunque se haya denunciado a la administración anterior.

El amparo, con pedido de medida cautelar, le tocó al juez en lo contencioso-administrativo Walter Lara Correa, quien se declaró incompetente. Envió el reclamo a la justicia Civil y salió sorteado el juzgado Civil 2 a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos.

Con información de Página 12.

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