Docentes, estatales y organizaciones sociales e indígenas se manifiestan por mejoras en las condiciones laborales y rechazan la reforma constitucional que pretende impulsar el gobernador Gerardo Morales.
En la provincia de Jujuy, la lucha de los trabajadores marca la agenda: desde docentes que hacen paro para mejorar sus condiciones laborales y empleados estatales que se suman al reclamo, hasta organizaciones sociales, ambientales e indígenas que rechazan la reforma constitucional que impulsa el gobernador Gerardo Morales.
El pasado viernes 9 de junio sucedió la mayor congregación de los últimos tiempos en aquellas tierras montañosas: decenas de personas se movilizaron en contra de la gestión del gobernador.
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La principal consigna de la manifestación fue «arriba los salarios, abajo la reforma». La esencia central del conflicto son las bajas remuneraciones. Hay algunos docentes que cobran menos de 80 mil pesos y el básico de un maestro inicial es de 34 mil.
Tras la jornada de lucha del viernes, el gobierno jujeño convocó a todos los gremios docentes a participar de una mesa técnica salarial que se extendió por cuatro horas. Se propuso, entre otras cuestiones, un piso salarial de 179 mil pesos y no descontar los días de paro y movilización hasta el 12 de junio.
La reforma de Morales
El gobernador Gerardo Morales pretende modificar 66 de los 212 artículos que contiene la Carta Magna local, bajo el argumento de abogar por la «paz social» y el «desarrollo» de la provincia.
Concretamente, la reforma prevé prohibir los indultos por corrupción (apuntando directamente a Milagros Sala y la Tupac), modificaciones en el sistema político y judicial y achicamiento del Estado, provincialización de recursos estratégicos como el litio, prohibición de tomas de tierra y criminalización de la protesta social.
Sobre las protestas de organizaciones sociales, Morales remarcó que se busca «dejar firme la paz» y «reafirmar el derecho a la manifestación por la que no haya que pedir autorización, pues es un derecho que se ejerce», aunque ratificó «la pretensión de incorporar un límite en la afectación de derechos» justificando que «los cortes de calles son un delito, no un derecho».