Desde que asumió Pettovello, la cartera de Capital Humano no provee a los más de 40.000 comedores inscriptos. Esta situación perjudica a más de cuatro millones de personas.
La fiscal Paloma Ochoa le dio un plazo de diez días hábiles a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que informe al detalle qué recursos destina a las organizaciones comunitarias que dan de comer en los barrios.
La ministra de Capital Humano deberá demostrar las acciones «concretamente adoptadas» por su cartera «durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024 para garantizar específicamente el proceso de distribución de alimentos a comedores/merenderos, qué tipo y cantidad se repartió y a quiénes».
Algunos comedores y merenderos han tenido que cerrar y otros abren sus puertas con menos frecuencia debido a esta situación.
Mientras que el oficialismo dejó el asunto en manos de la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) y de Cáritas que empezaron a repartir comida en 1900 sitios propios.
La fiscal, también le exige a la funcionaria que puntualice «el detalle de los desembolsos del Proyecto PNUD» y que lo haga desde enero de 2023 hasta febrero de 2024. Busca establecer una comparación sobre como se distribuyeron los fondos de ese programa durante el último año del gobierno anterior y los primeros de este, ya con la gestión de Javier Milei.
Además, pidió que se presenten todas las resoluciones de 2023 (del ex Ministerio de Desarrollo Social) y hasta febrero de este año «a través de las cuales se autorizó la transferencia de dinero con destino a financiar el proceso de Acreditación Mensual de Fondos a comedores/merenderos en el marco del Programa Alimentar Comunidad».
El Registro Nacional de Comedores Comunitarios (ReNaCOM) se implementó a partir de 2020 y tiene más de 40 mil comedores que pueden hacer convenios.
La denuncia fue hecha a comienzos de febrero por el dirigente social Juan Grabois y acusa a Pettovello de incumplimiento de sus deberes como funcionaria.