Policías secuestraron a un adolescente en IPV Argüello: el comunicado de la asamblea de DDHH

Ayer, trascendió un caso en donde efectivos de las fuerzas allanaron ilegalmente una casa y privaron clandestinamente de su libertad a adolescente al que amenazaron para que se adjudique el robo. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba pidió “nunca más violencia institucional”.

A fines de la semana ocurrió un nuevo hecho de violencia institucional en Córdoba: policías secuestraron a un adolescente en IPV Argüello.

Según lo trascendido, el operativo clandestino comenzó por el supuesto robo de una moto en la playa de estacionamiento del complejo Dinosaurio de Rodríguez del Busto. El vehículo en cuestión pertenecía a un hijo de un policía, quien es uno de los involucrados.

Los efectivos se dirigieron al IPV de Argüello en donde allanaron una casa ilegalmente sin orden de la justicia y privaron clandestinamente de su libertad a adolescente al que pasearon en patrullero y lo amenazaron con armas de fuego para que se adjudique el robo.

La madre del joven dio aviso a las autoridades y afortunadamente, el adolescente apareció con vida. La investigación es llevada adelante por la fiscal Jorgelina Gutiez y ya son ocho los imputados por diversos delitos como amenazas calificadas, coacción, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y allanamiento ilegal.

"Seis de los efectivos involucrados fueron puestos en situación pasiva por el término de seis meses, mientras que a otros dos se les ordenó el retiro preventivo de armamento", precisaron en una comunicación oficial.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) emitió un comunicando repudiando el accionar policial y pidiendo “nunca más violencia institucional”.

"La fuerza que comanda la comisario general Liliana Zárate Belletti sigue llevando adelante prácticas propias de la pasada dictadura cívico militar, pese a que este año, celebramos el 40° aniversario de la recuperación democrática".

A su vez, señalaron que el accionar policial en este caso fue "propio de épocas donde no estaban garantizados los Derechos Humanos ni civiles; es una política avalada o cuánto menos, tolerada por el Gobierno de Córdoba, que criminaliza a la juventud y a la población que vive en barriadas populares y de la periferia de la Capital".

Agregan que se trata de un caso similar al homicidio de José Ávila donde hubo un allanamiento ilegal de un domicilio en busca de un vehículo robado.

Sobre el caso ocurrido en e IPV Argüello, comunicaron que los policías "privaron clandestinamente de su libertad a un adolescente, al que amenazaron con matarlo mientras le apuntaban con sus armas reglamentarias; no dieron aviso a sus superiores. Afortunadamente, la madre de la víctima denunció oportunamente este hecho de violencia institucional –otra vez las madres, como tantas veces en la historia de nuestro país y de nuestra provincia-, y el adolescente apareció con vida" afirman en el texto.

También se indica que es común que la policía "opere el espíritu de cuerpo" sin orden judiciales y que borren, inventen y alteres pruebas contra su víctima: "una práctica habitual en la fuerza que comanda la comisario general Zárate Belletti, pero que viene desde mediados de la década del ’70, en épocas en que Córdoba estaba en manos del genocida Antonio Navarro".

Destacan que es necesaria una formación en materia de derechos humanos para los más de 22.000 efectivos de la la Policía de Córdoba.

Por último, concluyen: "A 40 años de la recuperación de la democracia, y con casos de violencia institucional muy graves como los asesinatos de Blas Correas y Joaquín Paredes –se está realizando el juicio contra seis policías-, desde APDH Córdoba ratificamos que Nunca Más debe ser tomado como una política de Estado por el Gobierno de Córdoba y no como una frase de cortesía y vacía de contenido sólo recordada los 24 de Marzo".

En esta nota: violencia institucional, Violencia policial