El gremio de empleados del Poder Judicial de Córdoba (Agepj) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios le solicitaron acelerar la aplicación del “Protocolo de prevención en violencia laboral y/o de género” al TSJ. Conversamos con la secretaria adjunta del gremio, Agostina Noccioli.
Trabajadores y trabajadores elevaron una petición para que se haga efectiva la sanción del protocolo de violencia laboral y de género en el Poder Judicial de Córdoba.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) y la Asociación de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial solicitaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que acelere la aplicación del denominado “Protocolo de prevención en violencia laboral y/o de género en la modalidad laboral”.
Dialogamos con la secretaria adjunta del AGEPJ, Agostina Noccioli quien respondió que se viene trabajando desde 2019 en la sanción efectiva del protocolo.
«El protocolo, lo redactamos y presentamos en 2019. Hicimos una propuesta para abordar los casos de violencia laboral porque había muchísimas situaciones en el poder judicial y el tratamiento y abordaje que se les daba desde Recursos Humanos o la institución en general era discrecional y poco homogéneo, lo que pasa muchas veces cuando no está regulado un procedimiento adecuado».
A fines de 2019 se hizo una encuesta en el poder judicial para ver si efectivamente había violencia y las respuestas fueron contundentes. En 2020, se comenzó a trabajar con una comisión con todos los estamentos del poder judicial, asociación de magistrados, TSJ, recursos humanos, fiscales, jueces y juezas vinculadas a la materia y AGEPJ.
«Trabajamos casi un año y medio durante todo el 2020 y en mayo de 2021 lo presentamos al TSJ que lo aprobó en agosto de ese año, haciéndolo ley interna mediante una acordada. Asi nos regulamos nosotros, no tenemos convenio colectivo ni estatuto pero tenemos acordadas del TSJ que organizan la vida laboral.», comentó Noccioli.
El problema que surgió es que se ordenó que quien trate las denuncias o casos de violencia laboral en el Poder Judicial, sea un equipo especializado y externo a la institución.
«Esto es porque se consideró que nadie que sea parte del poder judicial está en condiciones de suficiente objetividad e imparcialidad para trabajar estos temas porque es una institución grande pero nos conocemos todos».
En la vorágine de querer empezar a aplicar el protocolo, quien era administrador general designó a personal interno de Poder Judicial para conformar esta oficina que comenzó a trabajar. «No funcionó, abordaron pésimamente todos los casos de violencia que le llevaron hasta que nosotros fuimos y pedimos que suspendan esa oficina porque realmente nos estaba trayendo más problemas que soluciones», precisó la entrevistada.
En esta instancia en abril de 2022, se procedió a desarmar la oficina y suspender provisoriamente por seis meses la aplicación del protocolo. El objetivo fue armar un concurso público para conformar de forma correcta el equipo especializado e idóneo con personal externo al Poder Judicial.
La tarea se encomendó a la oficina de Coordinación de violencia familiar, dependiente del TSJ, que también trabaja en temáticas de violencia familiar, género, niñez, penal y juvenil.
El problema es que pasó más de un año y todavía no ha habido respuestas. «En el mientras tanto, y ahí está la cuestión grave, siguen sucediendo un montón de situaciones muy irregulares sobre violencia laboral y de género dentro del Poder Judicial y seguimos sin tener una respuesta correcta», explicó Noccioli.
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¿Qué particularidades tiene el poder judicial que hacen necesario el protocolo?
«Son conductas muy naturalizadas en el Poder Judicial. No con todos los funcionarios y magistrados, pero sí con muchos. Sobre todo con los que tienen más antigüedad. Lamentablemente tiene que ver un poco con eso también» indicó la secretaria adjunta de AGEPJ.
Al respecto, agregó que sucede en muchas otras instituciones.
«En el vínculo laboral siempre hay una desigualdad de poder. A esto, sumale que los jefes son magistrados, son jueces y eso tiene un doble sentido en términos de desequilibrio de poder ya que los jueces son personas posicionadas socialmente distintos al resto. Si encima eso le sumas que además es tu jefe, hay una acumulación de poder en ese vínculo, un desequilibrio mucho mayor que en cualquier otra relación».
Otra cuestión importante es la precarización laboral y los contratos de trabajo, modalidad irregular que existe en el poder judicial. «Eso no existía hace unos años atrás y hoy tienes personas que rinden un concurso, presentan antecedentes, entran al Poder Judicial y están contratados por cinco o seis años y esos cinco o seis años donde su estabilidad laboral depende de que su jefe y los informes semestrales que formule».
Sobre este punto agregó que son trabajadores que ingresan por mérito, que siguen estudiando y que en su gran mayoría son profesionales.
«Estamos hablando de un nivel profesional muy alto también dentro del Poder Judicial pero que sus condiciones de trabajo son tan precarias como la de cualquier otro sector privado que precariza«.
En este apartado, Noccioli también señaló que el Poder Judicial posee una estructura hiperjerárquica donde hay un hermetismo particular. «Es una institución que ahora quizás está como tratando de adaptarse a los tiempos que corren pero venimos como con un siglo de retraso en estos temas«.
Concluyó que en el día de hoy, existen sentencias ejemplificadoras en relación a violencia laboral. Pero cuando una trabajadora judicial denuncia violencia laboral, no se aplican las leyes de violencia ni los convenios internacionales, solamente el ordenamiento interno del Poder Judicial.
La petición para que se le dé curso a la sanción del protocolo de violencia laboral en el Poder Judicial, fue presentada el viernes pasado y ya se comunicó al gremio que habrá una reunión sobre el tema la semana que viene.
«De alguna manera ya tenemos una respuesta de que esto me parece que se va a destrabar y se va a acelerar un poco el proceso«, cerró Noccioli.