Se trata del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Tiene como objetivo fortalecer y crear capacidades y cooperaciones en pos de un “ambiente sano y el desarrollo sostenible”.
Este viernes entrará en vigencia el Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe. Es el primer tratado internacional que incluye medidas específicas para proteger a las personas defensoras de los derechos ambientales. También tiene como objetivo establecer nuevas normas de protección del ambiente y los derechos humanos.
La fecha 22 de abril tiene consigo un doble significado: el Día de la Madre Tierra. La entrada en vigencia del convenio internacional es un impulso a cumplir con la defensa de los territorios y de la vida humana en pos de esa defensa.
Desde Jóvenes por el Clima Argentina, expresaron hace meses que «a partir de su entrada en vigencia, es tarea de todes realizar un seguimiento minucioso para que las disposiciones del Acuerdo de Escazú se cumplan. Queremos más acceso a la información, más participación ciudadana, y más justicia ambiental«.
El «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe» fue firmado por 24 de los 33 países en la región. Sin embargo, sólo 12 lo han ratificado, apenas una nación más del mínimo establecido para su entrada en vigor.
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Graciela Martínez, encargada de campañas para personas defensoras de derechos humanos de Amnistía Internacional (AI), resaltó que entre los países que todavía no lo ratificaron se encuentran algunos de los que tienen los índices de ataques a personas defensoras de derechos humanos más altos del mundo, como Colombia, Honduras y Guatemala. Pese a la situación, los países aún podrán adherirse al tratado.
¿Qué establece el Acuerdo de Escazú?
Según su artº1, el tratado busca “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
Dentro del mismo apartado, promueve la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.
El Art.7, establece el derecho de la ciudadanía para participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente, incluyendo cuando puedan afectar el ambiente o la salud.
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Otros datos sobre el tratado
El tratado lleva el nombre de Escazú, ciudad costarricense, porque allí vio la luz en marzo de 2018. Hasta ahora lo han ratificado países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Al momento, otras 12 naciones han firmado su adhesión al acuerdo pero aún no lo han ratificado. Estos Estados son:
Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay y Perú.
El Acuerdo de Escazú fue realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Fue el único acuerdo vinculante emanado de Río+20, y el primero, a nivel mundial, en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.