Líderes indígenas de la Amazonia en emergencia porque están siendo asesinados

“En el primer trimestre de 2021 se han registrado, por lo menos, 16 asesinatos de hermanas y hermanos indígenas (Colombia y Perú), quienes defendían los derechos de los pueblos indígenas y la madre naturaleza”, explicaron desde Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.

La cantidad de asesinatos en 2020 fue un 67% mayor a la registrada en 2019, año en el que 135 defensores ambientales y de territorios perdieron la vida.

Desde la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) denuncian el exterminio de sus líderes y liderezas. En un comunicado han solicitado la implementación urgente del Acuerdo de Escazú que permita proteger la vida de los defensores de la tierra.

El pasado 14 de abril, desde la ciudad de Quito, Ecuador, la agrupación de organizaciones expresó que se han incrementado los asesinatos contra referentes. “En 2020 se registraron 202 asesinatos en países como Colombia, Brasil, Perú y Bolivia. Esto significa que cada dos días, en promedio, muere un defensor en la Amazonia”, explicaron.

No obstante, las cifras reveladas por la COICA son alarmantes. La cantidad de asesinatos en 2020 fue un 67% mayor a la registrada en 2019, año en el que 135 defensores ambientales perdieron la vida.

“La tendencia no parece detenerse, ya que tan sólo en el primer trimestre de 2021 se han registrado, por lo menos, 16 asesinatos de hermanas y hermanos indígenas (Colombia y Perú), quienes defendían los derechos de los pueblos indígenas y la madre naturaleza”, repudiaron en el comunicado.

El pedido de emergencia llega en una semana clave: el Día de la Tierra y la puesta en marcha del Acuerdo de Escazú. El tratado tiene como principal objetivo defender la vida y los derechos de las personas que se manifiesten en pos de un ambiente sano.

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La COICA ha elevado junto a las organizaciones miembros de los nueve países amazónicos, la “Declaratoria de Emergencia de Derechos Humanos para defensoras y defensores indígenas de la Amazonía: Sangre en la selva, exigimos justicia.”

El documento exige a los gobiernos y entidades internacionales que “tomen acciones para proteger a nuestros defensores y a nuestras comunidades porque deben hacerlo, caso contrario se convierten en cómplices de un etnocidio”.

“El dramático aumento de asesinatos en el marco de la pandemia, ha puesto en peligro a los defensores indígenas y sus comunidades, al tiempo que pone en riesgo la selva tropical más grande del mundo y la biodiversidad que protegemos”, dijo José Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General de COICA.

La denuncia de COICA hace un llamado a la acción a instancias internacionales de acuerdo a sus funciones y competencias: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

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El pedido de las organizaciones

Desde COICA exigen a los 9 países amazónicos que:

  • Se adopte una política efectiva de protección de los derechos humanos de las defensoras y defensores indígenas de la Amazonía.
  • Realicen acciones urgentes de investigación en coordinación con los diferentes niveles de gobierno y las autoridades indígenas respectivas. Por eso, se deben erradicar efectivamente las actividades extractivistas ilegales reportadas en territorios indígenas.
  • Garanticen la titulación de los territorios de los pueblos indígenas. Se debe salvaguardar la pervivencia de las selvas y culturas y frenar las presiones destructivas del extractivismo y la desintegración cultural y social.
  • Respeten los procesos de autonomía y autogobierno territorial de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica. Exigen se contemple la alternativa que fortalezca la auto gobernanza, garantizando derechos individuales y colectivos. Piden se eviten así agresiones, detener hostigamiento, persecución, criminalización, violaciones y asesinatos.
  • Ratifiquen y prioricen la implementación del Acuerdo de Escazú. El tratado garantiza un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
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