Gatillo fácil: "Las familias tienen que suspender el duelo privado para dedicarse a las instancias judiciales"
Esta semana sentenciaron al policía Mariano Andrés Martínez a 4 años de prisión por el crimen de Damián Pérez. Este hecho fue reconocido como un caso de "gatillo fácil". A propósito de la condena, dialogamos con la antropóloga Natalia Bermúdez, investigadora del CONICET y coordinadora del Núcleo de Antropología de la Violencia, Muerte y Política. […]
Por Agustina Bortolon | 07/07/2023
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Esta semana sentenciaron al policía Mariano Andrés Martínez a 4 años de prisión por el crimen de Damián Pérez. Este hecho fue reconocido como un caso de "gatillo fácil". A propósito de la condena, dialogamos con la antropóloga Natalia Bermúdez, investigadora del CONICET y coordinadora del Núcleo de Antropología de la Violencia, Muerte y Política.
Este lunes 3 de julio, condenaron al policía Mariano Andrés Martínez por el asesinato de Damián Pérez. Los hechos ocurrieron en el año 2014 en la ciudad de Córdoba. A raíz de los disparos, Damián permaneció 8 años hemipléjico y falleció en 2022.
El fallo determinó una sentencia de 4 años de prisión e inhabilitación por idéntico término para el policía. El pedido del fiscal había sido de 6 años. Martínez permanecerá en libertad hasta que la condena se haga firme.
Este proceso judicial vislumbra un avance importante en la materia: el crimen de Damián Pérez fue reconocido como un hecho de "gatillo fácil".
La lucha de los familiares de las víctimas y el activismo contra la violencia de Estado contribuyó y contribuye a desnaturalizar estas muertes que, durante mucho tiempo, aparecieron como "normalizadas".
En este marco, dialogamos con la Dra. Natalia Bermúdez -investigadora del CONICET y coordinadora del Núcleo de Antropología de la Violencia, Muerte y Política del IDACOR-Museo de Antropologías de Córdoba-, quien participó además del trabajo etnográfico para la realización del documental "Madres", que retrata la lucha de un grupo de madres jóvenes que fueron víctimas de violencia institucional en la ciudad de Córdoba.
Bermúdez refirió a algunos cambios evidenciados desde que los familiares de víctimas comenzaron a movilizarse y a denunciar estas muertes bajo la categoría de gatillo fácil. "Podemos encontrar algunos primeros avances respecto al sistema judicial, que es uno de los más difíciles, más encriptados y más complejos porque hay que movilizar muchos recursos para poder sobrellevar las instancias judiciales, el día a día, reclamar, demandar, conseguir un abogado".
En este sentido, señaló que el juicio de Güere Pellico fue nodal, "puesto que fue el primero donde se condenaron a cadena perpetua a los policías implicados en su asesinato". Al mismo tiempo, resaltó "una similitud respecto de estos otros procesos judiciales, que tienen que ver con la cantidad de años, con la dilación de la Justicia para llevarlos a cabo".
Como ejemplo, mencionó el caso de David Moreno, joven de 13 años muerto por la Policía de Córdoba en medio de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuyo juicio finalizó hace muy poco tiempo. "Ese y otros tantos tienen esa similitud, una espera y una lucha. Suspender el duelo personal y privado para dedicarse a las instancias judiciales, o tener que llevar el duelo personal al mismo tiempo que esa disputa que lleva tantos años e implica movilizar muchos recursos".
¿La justicia es reparadora?
La antropóloga Natalia Bermúdez dijo que, en estos casos, la justicia "es muy importante", puesto que demarca algo fundamental del orden de lo simbólico: "Tiene que ver con poder demostrar que la versión que tienen las familias vale y es legítima, que tienen algo para decir respecto de lo que les pasó".
"En general las familias son vapuleadas, se trata de ensuciar siempre la causa con esta discusión que ronda en torno a la buena y la mala víctima. Las familias, en sus repertorios de denuncia, tienen que demostrar que esa persona no merecía morir, que eran trabajadores, que eran buenas personas, como si eso tuviera que ver con el acceso a los derechos humanos", agregó.
Sobre este punto, refirió a que lxs antropólogxs que trabajan con los familiares de víctimas de gatillo fácil, profundizan mucho "en esa idea de que no hay que demostrar que la víctima es inocente, sino simplemente luchar por el derecho a la vida que esa persona tenía. En todo caso, tiene que ocurrir un juicio, ser acusado en ese juicio e ir preso, pero nadie tiene el derecho a quitarle la vida".
Es por esto que Bermúdez reitera que el resarcimiento de la Justicia es "muy importante en términos morales". Sin embargo, también expuso que eso "no quita que sigan existiendo prejuicios de vecinos, la sociedad cordobesa lamentablemente es muy prejuiciosa y siempre está la sospecha de que esos jóvenes de sectores populares merecen morir".
Acercando la óptica al caso puntual de Damián Pérez, la investigadora expuso que, más allá de este policía en particular y del discurso armado de que estaban haciendo su trabajo, una cuestión que surgió en este proceso judicial -y en muchos otros- es que plantaron un arma en la escena para justificar el accionar policial y asegurar que se había tratado de un enfrentamiento.
"Esta práctica policial se sigue repitiendo y es preocupante. Ya está establecida como una costumbre institucional, y hay que apuntar a cambiar ahí", ratificó.
Bermúdez asegura que estas "costumbres institucionales" se arrastran desde la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, "y están afianzadas en moralidades y cosmovisiones respecto de jerarquías de personas: quiénes merecen vivir y quiénes no". Estas moralidades, al mismo tiempo, están muy arraigadas en la enseñanza policial.
En línea con lo mencionado, manifestó que hace relativamente poco tiempo se aprobó el protocolo de uso de la fuerza policial en Córdoba, "y sin embargo tenemos el caso de Blas Correas y se siguen reproduciendo hechos similares".
"El caso de Joaquín Paredes es muy significativo por la cantidad de balas, fue una balacera con más de 100 disparos. Entonces, ahí encontramos cuestiones más profundas que están instaladas en esas prácticas policiales".
¿Qué sucede en Córdoba?
Si bien ciertas dinámicas institucionales se replican por igual a lo largo y a lo ancho de todo el país, Bermúdez explicó que en otros lugares de la Argentina, como ejemplo, en Buenos Aires, existe una gran cantidad de organismos y de otros mecanismos que se articulan para atender a las víctimas. "Acá en Córdoba lamentablemente eso no existe. El esclarecimiento de los casos de gatillo fácil está ligado a las luchas de las familias que se acercan y de los organismos de DDHH que ya tienen gran trayectoria en el acompañamiento".
El hecho de que el caso de Damián Pérez se haya abordado como "gatillo fácil", para la antropóloga "es una buena señal, porque son muertes que cuestionan y dejan de naturalizar esas prácticas policiales tan habituales en nuestra provincia. Es muy significativo en términos de larga duración, son luchas que requieren mucho tiempo".
Pese a ello, manifestó su preocupación ante la reproducción de estas dinámicas ya mencionadas, y también alertó que "las políticas de seguridad se siguen discutiendo en términos de cuánta cantidad de policía tiene que haber en la calle, qué armas usan, y no se cuestionan las costumbres institucionales, las moralidades sobre las que se asientan y todos los andamiajes políticos que permiten que estos casos de gatillo fácil sigan sucediendo, aspecto que está ligado al sistema político y también al sistema judicial".
