Las cárceles en condiciones inhumanas: sobrepoblación, abandono del Estado, torturas y muertes

Casi el 45 por ciento de los casos de presos fallecidos, en los últimos diez años en las cárceles federales, corresponde a hechos violentos. El número alerta a los organismos de derechos humanos. Otro eje clave a tener en cuenta es la sobrepoblación que tienen las penitenciarías que en 2018 alojaron un número récord de detenidos. 

Se trata de datos elaborados por la PPN entre 2009 y el 2018, período en el que se registraron 425 muertes en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), pero 189 de ellas ocurrieron en como consecuencia de episodios violentos que incluyen suicidios, homicidios, accidentes y lesiones durante amotinamientos o protestas.

"Cuando se comenzó a elaborar la estadística, en el 2009, los fallecimientos violentos representaban el 30 por ciento de las muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal y ese porcentaje se elevó prácticamente en un cincuenta por ciento durante el último período registrado, en 2018", dijo a Télam el jefe del Área de Investigaciones sobre Fallecimientos en Prisión de la Procuración, Ramiro Gual.

Además, señaló que "esto permite identificar algo distintivo del Servicio Penitenciario y es que la prisión federal en Argentina se gobierna principalmente a través de la violencia", y calificó las muertes bajo custodia "como una de las principales violaciones a los Derechos Humanos dentro de las cárceles".

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Por ese motivo, la investigación "se basa en el contacto con las familias y otras personas detenidas, para construir una versión propia sobre las muertes en prisión y sobre las responsabilidades estatales" vinculadas, agregó.

En tanto, de los 425 fallecimientos ocurridos en la última década, el 50 por ciento ocurrió en la cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, y en la de Ezeiza y de Marcos Paz, que reúnen a la mitad de la población alojada en jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal y "se caracterizan por sus altos índices de violencia en la gestión del encierro".

Gual consideró que esa situación "supone que toda persona que esté presa en una cárcel federal corre un riesgo cierto de morir allí, sumado a que hay ciertas cuestiones vinculadas con la aplicación del régimen penitenciario que agravan la situación".

El estudio señala que esa tendencia "aumenta también cuando una persona integra algún colectivo especialmente vulnerado": en los últimos diez años murieron 19 personas alojadas en dispositivos psiquiátricos para varones, 12 en cárceles de mujeres y seis en anexos para jóvenes adultos.

Por último, Gual añadió que "otra faceta de este trabajo es mirar a la Justicia" como responsable de investigar estos hechos, y que "el diagnóstico general es que lo hace poco, mal e ineficazmente".

Sobrepoblación

Las cárceles federales tienen una sobrepoblación de casi 2.000 presos y registró en 2018 un récord histórico de detenidos, lo que obligó a las autoridades carcelarias a albergar presos en espacios reducidos o en lugares de esparcimiento, según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

El dato se desprende de un informe presentado la semana pasada por el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, quien consideró que, aunque el Poder Ejecutivo decretó la emergencia carcelaria en abril, "la situación se ha desarrollado en un sentido negativo" y responsabilizó al Poder Judicial y a "muchas modificaciones legislativas incoherentes".

Mugnolo dijo a Télam que, debido a la situación de gravedad de las cárceles federales, la Procuración Penitenciaria presentó "un proyecto de ley que establece un régimen de cupo carcelario sobre cuántas y cuáles personas tiene que haber en cada cárcel".

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En ese sentido, el informe anual presentado por el organismo indica que en los últimos dos años la población carcelaria en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) creció en 2.390 personas, y que durante 2018 se registró un total de 13.358 personas privadas de su libertad bajo esa órbita, cuando la capacidad es inferior a 12.000.

Por ese motivo, las instituciones de encierro, por ejemplo, instalan camas en espacios destinados a albergar a una sola persona o en gimnasios, como forma de "incrementar el cupo de una forma que no es legítima, sin habilitar plazas carcelarias genuinas", dijo Monclús Maso, quien agregó que esto representa "un grave impacto en la posterior inserción social" del detenido.

Por otro lado, el informe de la PPN muestra que la evolución de los casos de maltrato y tortura registrados desde 2009 fue aumentando progresivamente, con un pico en 2014, cuando se produjeron 820 hechos, aunque en 2018 ocurrieron 558 casos, casi un 35 por ciento menos que aquel año.

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