A pesar del pedido de la ONU, el asesinato y tortura del preso Yrusta sigue sin ser investigado

En enero, la Organización de las Naciones Unidas instó al gobierno nacional a, en un plazo menor a 90 días, investigar y juzgar, el crimen de Roberto Agustín Yrusta, preso que fue torturado y asesinado por guardiacárceles de distintas jurisdicciones penitenciarias. Irusta, encarcelado en 2005, fue sometido a torturas en el penal de Bouwer. El preso denunció los hechos en 2012, y fue trasladado a Coronda, Santa Fé en donde apareció muerto en 2013 a un mes de su traslado.

Roberto Agustín Yrusta fue hallado culpable de robo a mano armada y portación de armas de guerra, y fue condenado a 8 años de prisión. Comenzó a cumplir su condena en el penal de Bouwer en 2012, en donde según denunció sufrió abusos, torturas y tratos inhumanos por parte del Servicio Penitenciario de Córdoba, identificando a los agentes en cuestión. Luego de plantear se denuncia pidió su traslado a una cárcel de Santiago del Estero.

Su pedido fue rechazado pero lo enviaron, bajo engaño, a la cárcel de Coronda en Santa Fé, en enero de 2013. Según el dictamen sobre la causa que realizó la ONU, cuando llegó a esa cárcel fue alojado celdas de aislamiento y castigo, donde fue nuevamente maltratado y torturado. Inclusive se le impidió las comunicaciones, por lo cual su familia desconocía su paradero.

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El 7 de febrero de 2013, a menos de un mes de su traslado, a cuatro meses antes de acceder a la libertad asistida y 10 meses antes de su libertad definitiva, el Personal del Servicio Penitenciario de Coronda comunicó a la familia de Yrusta que se había suicidado ahorcándose.

Las pericias posteriores no dieron indicios de ahorcamiento pero si de grandes ampollas, heridas abiertas, manos y pies muy hinchados, hematomas múltiples, un fuerte golpe en la cabeza , cortes en los brazos, sangre y marcas de balazos de goma. Además, la autopsia detalló la presencia de objetos en el ano y estómago.

Ante este caso, las hermanas de Yrusta siguen pidiendo justicia y el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (CAT) también tomó cartas en el asunto. En 2016, el CAT condenó a la Argentina por impedir el acceso a la justicia a la familia de Yrusta y exigió que se procese, juzgue y castigue a los responsables de las violaciones cometidas.

En 2017, el CAT profundizó el caso e intimó al Estado Nacional a informar el "resultado de la investigación, incluyendo la identificación" de los desaparecedores de Yrusta, reclamó que se reconozca a sus hermanas el estatus de "querellantes" y pidió un informe "adicional" sobre el sumario por supuestas "irregularidades" del "magistrado (Sergio Carraro) y de la fiscal (Elena Perticará)" que intervinieron en "la instrucción de la causa" por el supuesto "suicidio" del detenido, que se archivó sin imputados.

Por último, el 31 de enero de este año, la ONU mediante una sanción le dio al Gobierno nacional 90 días para que investigue fehacientemente el caso. Además, exigió nuevamente que se acepte como víctimas a las hermanas de Yrusta quienes denunciaron el crimen ante la ONU una vez agotadas las instancias legales internas en Argentina, a las cuales se les debería además conceder “una reparación apropiada, incluidas medidas de indemnización justa, y de acceso a la verdad”.

A pesar de que el plazo brindado se ha agotado no hubo respuestas del gobierno por lo que se espera un fallo de la ONU.

Por El Resaltador