Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, presentaron un amparo ambiental a la Corte Suprema de Justicia. El documento se opone a la pesca ilegal y depredadora en nuestra Plataforma Continental, en la Zona Económica Exclusiva y en su área adyacente.
El mar Argentino y sus zonas aledañas se encuentran bajo la amenaza de la pesca depredadora e ilegal. Tal es así, que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron un amparo ambiental colectivo a la Corte Suprema. En este documento, se solicita el cese de esta actividad que representa un daño ambiental grave sobre nuestra Plataforma Continental, en la Zona Económica Exclusiva y en su área adyacente.
Este tipo de pesca amenaza a las especies que viven en la zona, entre ellas al calamar. En ese caso concreto, se busca proteger y conservar a la especie de flotas pesqueras extranjeras, quienes impunemente capturan sus ejemplares, vulnerando su reproducción y existencia. El illex argentinus o calamar representa un eslabón fundamental en la cadena alimenticia de otras especies que habitan la Zona Económica Exclusiva argentina. Estos animales funcionan como “bombas biológicas”, que unen espacialmente dos ecosistemas diferentes.
Al sobrepescar esta especie, se pone en peligro todo el ecosistema circundante de una zona de soberanía nacional en donde empresas extranjeras operan sin conciencia ambiental alguna. Así, este amparo se planteó bajo el paradigma de los Derechos de la Naturaleza, tomando a las especies que habitan las aguas argentinas como sujetos de derecho.
Una vez más, Argentina «cede» sus ecosistemas y recursos a capitales extranjeros, quienes no hacen más que devastar las zonas marítimas nacionales y atentar contra las especies que allí habitan. A este ritmo, corremos el riesgo de perder especies marinas, ecosistemas nacionales y provinciales y recursos naturales que son propios de nuestra ciudadanía.
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Argentina vuelve a salir perdiendo en materia ambiental y económica
En nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE) y áreas aledañas, se lleva a cabo la pesca ilegal de especies marinas como calamar, escalandrún, caballito de mar, delfín franciscana y gatuzo (mustelus schmitti y fasciatus). En los últimos 10 años, el riesgo de sobrepesca subió exponencialmente, aumentando así la posibilidad de extinción de las especies y en consecuencia la alteración de los ecosistemas.
Se trata de una situación que hace tiempo está a la vista. Incluso, la propia Prefectura Naval Argentina reconoce en su página web que solo lleva capturados 80 buques en 34 años. Eso hace un promedio de un poco más de dos embarcaciones por año. ¿Cuántos buques hay en realidad? Se ha calculado que son alrededor de 300 embarcaciones las que practican la pesca ilegal, irrestricta y no declarada; llevándose consigo de 500.000 a 1.000.000 toneladas/año de recursos pesqueros.
En materia económica, cabe hacer hincapié en lo que sucede año a año con el calamar. En 2018, de acuerdo a la FAO, el valor del Illex Argentinus fue de 5,5 dólares por kilo. Con datos del 2020, teniendo en cuenta que se pescaron ilegalmente 148.825,6 toneladas promedio, Argentina pierde y perdería 818,5 millones de dólares al año (el PBI de la Provincia de Tierra del Fuego). Esto equivale a 80 veces las exportaciones argentinas anuales a China de productos aviares (USD 100 millones/año), y aproximadamente a 6.953.000 Planes Trabajar.
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Argentina, país lento para aplicar leyes y acuerdos marítimos
En términos legales, Argentina presenta algunas falencias en cuanto a acuerdos, tratados y leyes marítimas. Tal es el caso del Tratado del Frente Marítimo del Río de la Plata (Ley N° 20.645), en el que Argentina no ha acordado una política pesquera regional con los demás miembros del sector pesquero 41 de la FAO. Se trata de Uruguay y Brasil, países a donde van las embarcaciones que pescan ilegalmente en Argentina, para abastecerse de combustible.
Por otra parte, nuestro país no ha ratificado el Acuerdo de Naciones Unidas Relativo a Especies Altamente Migratorias firmado en 1995. El mismo tiene como objetivo “velar por la conservación a largo plazo y el aprovechamiento sostenible de las poblaciones de peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas (poblaciones de peces transzonales) y las poblaciones de peces altamente migratorios”. Así, Argentina ha violado su obligación de no frustrar el objeto y fin del tratado hasta su ratificación.
Asimismo, Argentina no ha ejercido la facultad prevista en los art. 117 y 118 de la Convención del Mar. Esto quiere decir que no se ha creado un órgano u organismo internacional que coordine y/o regule las actividades dentro del Sector Pesquero 41. Esto es para que las mismas sean sustentables y no sean violatorias de los derechos de los Estados Costeros y/o del marco normativo del Derecho Internacional Público.
Finalmente nuestro país no ha denunciado la pesca depredatoria e ilegal que se lleva a cabo en nuestras aguas ante organizaciones internacionales como la ONU o la OEA. Tampoco ha reclamado a los países de los que son dichas flotas (China, Taiwán, Corea, España, etc.). Ni siquiera ha intentado llegar a acuerdos bilaterales para la protección de los recursos capturados ilegalmente.