Durante septiembre, octubre y noviembre, desde el Capítulo Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación, se monitoreó la implementación de la ley 27.675, de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis a 18 meses de su sanción. En esta nota, los resultados principales.
En 2022, Argentina sancionó una ley de vanguardia en torno al VIH. Esta enumera una serie de herramientas que permiten reducir las desigualdades para terminar con las muertes relacionadas con el sida, disminuir considerablemente las nuevas infecciones y eliminar la discriminación.
En el marco del 1° de diciembre, Día Mundial de respuesta al VIH y el Sida, Matías Muñoz, abogado y Coordinador Nacional de la Alianza Mundial en nuestro país, compartió un informe que da cuenta del recorrido de la ley hasta el momento.
Algunas conclusiones del trabajo:
- Más Promoción: Existe un grado de desconocimiento muy grande acerca del contenido de la
ley entre personas con VIH y otras poblaciones clave. Para ejercer los derechos, es necesario
conocerlos, y que también los conozcan quienes son garantes de los mismos. La promoción
del contenido de la ley, así como la capacitación a agentes estatales es urgente. - Más Intersectorialidad: se aprecia una mayor articulación entre ministerios y también con la
sociedad civil a través de la Comisión Nacional para la respuesta intersectorial. Se recomienda
la creación de Comisiones a nivel provincial que incorporen a los distintos actores que puedan
diseñar una agenda integral local acorde a las necesidades de cada territorio. - Más Pensiones y Jubilaciones: Muy bienvenido el acceso, aunque muy demorado, a los beneficios de la seguridad social. 1.100 de las 4.900 personas que solicitaron una pensión por vulnerabilidad social y VIH han accedido al beneficio y apenas el 45% de las personas que solicitaron jubilarse con la nueva ley han podido hacerlo. Desde ANSES aseguran celeridad de estos trámites en las próximas semanas. Aún existe mucho desconocimiento por parte de agentes de ANSES en todo el país y es necesaria una sensibilización y capacitación en la temática para evitar situaciones incómodas o hasta de maltrato. Problemas con el acceso a la jubilación para personas que no cuentan con los años de aportes suficientes.
- Más Prevención: Se mejora el acceso a las distintas herramientas de la prevención combinada
como el acceso a preservativos (peneanos y vaginales), test de VIH y otras ITS, PrEP, PEP y
acceso a la información, tanto desde una campaña masiva, como mejoras en los contenidos
de Educación Sexual Integral. Sin embargo, el fácil acceso sigue siendo un privilegio de las
grandes ciudades. - Más inversión: En principio habría una mayor inversión en investigación, comunicación, prevención de la transmisión vertical y respuesta a la tuberculosis, a través de la incorporación de
líneas de acción propias por parte de las carteras de Ciencia y Tecnología, Educación, Desarrollo Social. Aunque hay mucha incertidumbre sobre la continuidad de los concursos públicos
a proyectos científicos y de comunicación que deben ser otorgados en 2024, así como las
capacitaciones sobre Educación Sexual Integral. - Más Acciones para Eliminar la Discriminación y la Criminalización: En las últimas semanas, se publicó en el Boletín Oficial la tan esperada reglamentación del Observatorio de Estigma
y Discriminación en la órbita del INADI. Existe poca respuesta ante casos concretos de discriminación, sobre todo en el entorno laboral. Es casi nulo el avance en materia del respeto al
principio de no criminalización recogida en la ley. Se recomienda la derogación de la ley de
profilaxis, 12.331, que data del año 1936 y que no ofrece beneficio alguno para la salud pública.
La ley 27.675, de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis, cambió una visión biomédica por una visión de derechos humanos. Fue un reclamo de años, una conquista de las organizaciones civiles de personas que viven con VIH.
El Estado argentino compra la medicación para el tratamiento y la calidad de vida de personas con VIH. Las obras sociales y prepagas -privadas- reciben esos medicamentos a un costo menor por acción del Estado.
Por eso, el informe recomienda que la base normativa debe «compartirse, con el mundo, como la estrategia que este país al sur ofrece para marcar un norte y para que toda persona que pueda ser beneficiaria de ella la pueda conocer; completarse, porque a dieciocho meses de su sanción no todos los derechos allí reconocidos están hoy en su total cumplimiento o tienen una política pública específica en acción; y vigilarse, porque los derechos no están tallados en piedra y ante una mínima posibilidad de retroceso se debe estar ahí para defenderlos».