En las dos últimas semanas, las poblaciones originarias de la selva amazónica ecuatoriana han sido reprimidas tras negarse a la instalación de la megaminería en su territorio. ¿Qué intereses tiene Noboa en el «pulmón verde» del planeta?
El día 11 de marzo, las comunidades originarias de la localidad de Palo Quemado y Las Pampas, ubicados en Cotopaxi,
El pasado 11 de marzo, comuneros de la localidad de Palo Quemado y Las Pampas, ubicados en Cotopaxi (provincia ubciada en el centro del país en la región interandina serrana) junto a organizaciones sociales locales decidieron realizar una protesta social en contra de la consulta ambiental propuesta por el Ministerio de Ambiente, cuya razón socioambiental es la instalación del proyecto megaminero «La Plata. La trasnacional minera canadiense Atico Mining está a cargo del mismo y espera desde el 2023 su aprobación para impulsar el extractivismo minero en esta parte de la amazónia ecuatoriana.
En ese sentido, el Presidente Noboa ordenó el despliegue de la Policía Nacional y del Ejército con el objetivo de reprimir las manifestaciones en contra de la megaminería. Hace dos semanas, las comunidades locales vienen sufriendo la represión y militarización de su territorio, la cual ya dejó el resultado de varias y varios comuneros heridos, inclusive con el uso de perdigones y armas de fuego.
El pasado lunes 18 de marzo, el Gobierno Nacional tildó a quienes se resisten al proyecto como «terroristas», al tiempo que las autoridades de la Condeferación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) visitaron la zona, debido a la gravedad de la situación.
El proyecto «La Plata», abarca la explotación de más de 144 héctareas de tierra sobre una consesión total de de más de 2 mil hs, cuyo fin consiste en extraer oro, plata, cobre y zinc, con una inversión que supera los 100 millones de dólares, según afirmó el Ministerio de Energía y Minas. La empresa argumenta que aplicará en dicho territorio la «más reciente tecnología para evitar un impacto ambiental severo y hacerlo de forma amigable con el medio ambiente».
En Palo Quemado la población es de tan solo mil habitantes, mientras que en Las Pampas, se encuentran unos cinco mil. La población de ambas localidades está compuesta en su mayoría por campesinos y campesinas que se dedican a la ganadería y producción de panela, la cuál exportan a España e Italia generalmente.
Las y los comuneros aseguran que la megaminería contaminará la tierra y los cursos de agua, de los cuáles se abastecen para el consumo personal y para el de las plantas y animales. Afirman que en la década de 1960, varias empresas mineras instaladas cercanas a la zona contaminaron parte del territorio.
Pero para ir a los «accidentes» y antecedentes nocivos no hay que irse tan lejos en el tiempo, pues en febrero de 2021 la mina El Roble, Miner S.A, propiedad de la Atico Mining, produjo un derrame de material tóxico en el Río Atrato, cerca de la cabcerea municipal de Carmen de Atrato, una de las cinco subregiones que componen el departeamento del Chocó, territorio sobre el cuál reciéntemente se dijo que no al fracking tras una consulta popular vinculante.
El Gobierno Nacional le consesionó el territorio hasta el año 2049 con posibilidad de extensión por unos 25 años más.
Ecuador, un país entregado al imperio norteamericano. En la foto: Laura Richardson (Comando Sur-EE.UU) y Daniel Noboa.
Noboa, un extractivista en la Presidencia
Según hizo conocer la CONAIE, el Presidente Daniel Noboa sostuvo encuentros estratégicos durante la Convención Mundial de Exploración y Mienría de Toronto, Cánada, asociada al Banco de Montreal.
“El Gobierno de Daniel Noboa tiene intereses mineros en Ecuador”, denunció el pasado miércoles, Leonidas Iza, presidente de la CONAIE.
La organización indigenista, el Frente Nacional Antiminero y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi organizaron la semana pasada una jornada de manifestaciones en la embajada de Canadá, en Quito, donde denunciaron la represión que hirió a decenas de campesninos, incluyendo un hombre adulto que se encuentra «al borde de la muerte».
La familia Noboa no solo tiene intereses específicamente mineros, pues es dueña de unas cien empresas que monopolizan el mercado nacional de los alimentos, las inmobiliarias y el transporte. Pero sí de minería hablamos, la familia presidencial tiene acciones en la minera canadiense Adventus Mining Corporation, con la que el Gobierno Nacional firmó un acuerdo de inversión el pasado cinco de marzo para el desarrollo del proyecto «Cóndor» en el sureste del país.
En la actualidad, Noboa declaró una «guerra interna» contra las pandillas armadas y el país entero se encuentra militarizado tras el decreto de emergencia que permite el libre accionar del Ejército en las calles citadinas y rurales. Al mismo tiempo avaló un convenio con el Ejército de los Estados Unidos, país que le prometió al Ejecutivo ecuatoriano «seguridad» por los próximos cinco años.
El estado ecuatoriano es entendido como un «narcoestado» bajo las órdenes de Washington, quién a través de Laura Richardon, Jefa del Comando Sur, se asegurará con balas y palos la extracción de bienes comunes naturales a favor de los intereses occidentales.