Narcoestado: la muerte como proyecto político

El pasado miércoles, el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado a 11 días de las elecciones presidenciales del próximo 20 de agosto. El caso expone de la manera más cruel, una realidad nacional desbordada por el ascenso del narcotráfico, la violencia armada y la degradación de los tejidos sociales y ambientales. Quien gobierne Ecuador desde el próximo diciembre, tendrá el desafío de recomponer una paz social azotada por la crisis social y política imperante.

Para entender un contexto donde es posible el asesinato de un candidato a la Presidencia de Ecuador, hay que indagar en las huellas que habilitaron -y permiten- a la violencia armada y terrorista como organización criminal que disputa la política y el poder estatal con el objetivo de performear al sistema democrático para sus propios beneficios, caiga quien caiga.

Narco y Estado, asuntos juntados

El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial centroderechista  por el Movimiento Construye, es la punta del iceberg. 

Ecuador vive hace tiempo, una crisis social y política que se agrava cada vez más ante la sobrada negligencia política del Ejecutivo, a cargo del acusado e investigado por sus contactos con la mafia albanesa y el narcotráfico, Guillermo Lasso, quien -sin escrúpulos- acusó a los asesinos de querer “amedrentar al Estado”. 

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Sin irnos más lejos, Ecuador cerró el año pasado con la mayor tasa de asesinatos violentos de toda su historia, tras registrar un promedio de 25,32 por cada 100.000 habitantes. Este año, la Policía Nacional estima que llegaría al 40.

Según el Gobierno, la gran mayoría de las muertes son responsabilidad del crimen organizado y el narcotráfico, fuerzas que desde el mismo Estado se le ha permitido crecer, de manera tal que usan a sus anchas los puertos del país para el comercio de cocaína con destino a Europa y EE.UU.

En ecuador operan tres grupos criminales transnacionales, tales como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación así también como la mafia de los Balcanes o mafia albanesa. Con esta última organización se acusa a Lasso de tener contacto a través de su cuñado, el empresario Rubén Chérrez, quien fue asesinado cuatro meses atrás, tras ser notificado para testimoniar sobre la investigación que pesaba en su contra y también en contra del mismo Jefe de Estado.

Vale la pena hacer mención especial que en abril de este año, Lasso decretó la libre tenencia y portes de arma de uso civil para la “defensa personal”, como medida para “afrontar” la ola de violencia armada que azota al país hace no menos de dos años, especialmente en provincias como Guayas, Los Ríos y Santa Elena, donde impera una suerte de estado de sitio.

Según las mismas autoridades policiales del Ecuador, el país pasó de ser un país de tránsito de drogas a convertirse en una de las principales plataformas de almacenamiento y tráfico de drogas de Latinoamérica, especialmente a través de sus puertos, en donde se han incautado en el último año no menos de 100 toneladas de cocaína. 

Por su parte, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos, afirma que Ecuador es el principal centro logístico de cocaína con destino a Europa y el resto del mundo. Nunca está demás recordar que es justamente el país del Norte, quien en muchas oportunidades es responsable de financiar el armamento o la misma logística necesaria de los grandes grupos narcos, ya que estos ayudan a lograr objetivos políticos importantes cuando de desestabilizar a un país se trata.

Con armamento y sin parlamento

La violencia política también se incrementó al son del ascenso de las bandas y carteles narco criminales que con Lasso como Presidente han crecido notablemente. La convivencia de la clase política con el narcotráfico suele darse por conveniencia o por supervivencia, tanto en las altas esferas del poder político como desde las alcaldías provinciales.

Con el Congreso de la Nación disuelto por la declaración de muerte cruzada que el Presidente utilizó a su favor para salvarse del juicio político que muy probablemente logrará vacarlo de la Presidencia, la clase política se disputa -tras el asesinato de Villavicencio-, el Palacio de Carondelet, a través de siete candidaturas:

Yaku Pérez, Luisa González, Jan Topic, Otto Sonnenholzner, Daniel Hervas, Daniel Noboa y Bolívar Armijos.

Todas las candidaturas prometen fortalecer la seguridad, pues los asesinatos en la vía pública, ataques con explosivos, masacres en las cárceles, secuestros, y extorsiones, son moneda corriente desde hace al menos dos años.

Pasar de ser un lugar de tránsito a un lugar de almacenamiento y distribución, tiene su correspondencia con el aumento de la violencia armada. Y la política, por acción u omisión, tiene su gran cuota de responsabilidad. 

Ayer mismo, Ecuador se despertó con la noticia de que la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil había sido secuestrada. Horas después de su liberación, se dió lugar el atentado terrorista que terminó con la vida de Villavicencio, acérrimo detractor del perseguido ex Presidente, Rafael Correa.

Tiempo después, la banda criminal “Los lobos” se responsabilizó por el ataque y confesó el supuesto móvil del mismo: una promesa no cumplida por Villavicencio, a quien se le habría sobornado con millones de dólares. La Justicia investiga el mensaje filmado, ya viral en todas las redes.

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Durante los últimos meses, tanto en las elecciones municipales como en la actual campaña de elecciones presidenciales, la violencia política se volvió norma:

El asesinato del alcalde de la ciudad costera de Manta, Augustín Intriagop, del director de Terrenos del Municipio de Durán, Miguel Santos, del candidato a asambleísta Rider Sánchez, del alcalde del Cantón, Omar Menéndez, del candidato a alcalde de Salinas, Julio Cesar Farachio, y diversos ataques armados a candidatos y candidatas a distintos cargos estatales, han intentado disciplinar a la dirigencia política, de la manera más cruel y terrorífica: la muerte como respuesta política, como proyecto para desmovilizar a las masas y condenarlas al miedo y el terror social.

Con un parlamento cerrado, la actividad política amenazada de muerte, un Presidente cómplice de una de las mafias más relevantes del mundo, Ecuador refleja un acontecer no muy distinto al del resto de las democracias latinoamericanas. Países como Argentina y Chile, están recorriendo -con sus particularidades- un camino similar en lo que respecta al aumento del narcotráfico al son de la reconversión -por ahora menos drástica que el país andino- de sus territorialidades, especialmente en sus puertos claves, como el de Rosario y Coquimbo, respectivamente.

El narcotráfico crece y amenaza de arriba hacia abajo. Ocupa el lugar que el Estado, por decisión política o por pura negligencia, se niega a habitar, ocupa desempleados, recluta niñeces vulnerables, y extorsiona a aquellos políticos que todavía demuestran dignidad. Pero entender al Estado como al narcotráfico como separados solo reduce nuestra capacidad de análisis. 

La convivencia de las fuerzas políticas con el narcotráfico como también las innegables responsabilidades de los poderes judicial y policial, construyen a su tiempo y forma una estructura estatal contaminada por la corrupción, lo que se traduce en mayores problemas sociales para con las poblaciones históricamente vulnerabilizadas, es decir, violencia intrafamiliar, consumos problemáticos, trata de personas, falta de oportunidades, hambre y violencia policial. 

El narcoestado como proyecto político, como plan complementario a una democracia tutelada por grandes negocios corporativistas trasnacionales y sus representantes locales, una salida oscura y compleja que se expande más allá de las fronteras y límites geográficos. Ecuador es hoy el reflejo de lo que en Argentina se profundizará.

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