Panamá contra el extractivismo minero

Hace una semana el pueblo panameño se encuentra masivamente en las calles contra el gobierno, la dirigencia política y una empresa minera transnacional. El presidente, acorralado por las hastiadas multitudes, solicitó un referéndum al Órgano electoral para que la ciudadanía elija por sí o por no a la explotación de la segunda mayor mina de cobre de Centroamérica.

El pasado 20 de octubre, de manera exprés e inconsulta a la ciudadanía, el Congreso panameño aprobó el proyecto de ley enviado por el presidente Laurentino Cortizó donde se habilita a la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) a continuar con la explotación de cobre en el segundo yacimiento más grande de todo Latinoamérica.

Desde entonces, sindicatos, organizaciones de DDHH, ambientalistas y sociales, junto a vastos sectores ciudadanos se encuentran en las calles exigiendo la derogación del contrato prorrogable que favorece a la trasnacional durante los próximos 20 años.

El deslegitimado presidente Laurentino Cortizó anunció el pasado domingo la solicitud que le habría realizado al Tribunal Electoral para la realización de una consulta popular, con el objetivo de que las y los panameños decidan la derogación o la continuidad de la concesión minera a la trasnacional canadiense. La consulta sería propuesta para el domingo 17 de diciembre del corriente año.

“He escuchado con respeto a quienes se oponen al contrato ley con Minera Panamá, creo en la democracia y como presidente entiendo el clamor de las voces que se manifiestan sobre el particular”, sostuvo Cortizo Cohen en una reciente alocución televisiva.

Por otro lado, el mismo mandatario anunció que el Gobierno elevará la ley que prohíbe la minería metálica a nivel nacional. De enviar un proyecto de ley donde se habilita una considerable explotación de la megaminería metálica a cielo abierto, a esta otra decisión donde supuestamente se prohibirá en todo el territorio local.

Una prueba más de que los pueblos, organizados y en movilización, logran la soberanía que se regala en el Congreso.

“Las acciones se mantienen en la calle. Hay que derogar la Ley 406, ese es el mandato del pueblo”, expresó Saúl Méndez, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), luego del anuncio del Jefe de Estado.

Golpe soberano al extractivismo

El pasado marzo, el Ejecutivo y la empresa minera alcanzaron un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de la mina Cobre Panamá, donde la trasnacional exporta el mineral desde el 2019, siendo la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

Hace 11 días, aquel acuerdo se institucionalizó y aprobó. Desde entonces, las manifestaciones en contra de FQM (empresa que representa el 4% de la economía panameña) no han cesado y amenazan con desestabilizar el status quo de la clase política dirigente panameña, preocupada por el avance de las masivas movilizaciones en el país.

Según Liliana Guevara, Directora Ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, el acuerdo es un pacto leonino: 

"El contrato es leonino porque lesiona la soberanía de nuestro país, limitando las posibilidades de que el Estado panameño ejerza competencias públicas. Así pues, les da la facultad de producir energía y agua y de vendérnosla".

Al mismo tiempo, Guevara sostuvo que la ley le permite a FQM crear toda una serie de actividades económicas dentro de esa concesión que nada tiene que ver con la explotación minera. “Esta mina supone una gran deforestación y destrucción irreparable de zonas y de fuentes hídricas que van directo a las comunidades de la región. Esos daños inestimables no pueden ser compensados. Es una relación realmente injusta", expresó la investigadora ambientalista.

La vida por sobre las ganancias extranjeras

La Fundación Ciencia en Panamá señaló las consecuencias socioambientales que se desatarían si no se deroga la ley contrato:

• Contaminación del aire
• Contaminación de aguas cercanas y subterráneas
• Altos porcentajes de metales pesados en las personas y animales
• Amenaza a la soberanía alimentaria de las poblaciones cercanas
• Disrupción social
• Vulneración al ecosistema del bosque de Donoso, en la provincia de Colón, donde se encuentra la mina
• Aguas cercanas y subterráneas, porcentajes elevados de metales pesados en las personas, amenaza a la soberanía alimentaria, disrupción social entre otras afecciones.

En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia había declarado la inconstitucionalidad del contrato ley. Pese a ello, Laurentino aprobó una nueva versión del contrato para explotar la zona boscosa del norte de Panamá. Ahora, los supremos deberán expedirse sobre el asunto.

Todo parece indicar que las protestas seguirán, en masividad e intensidad, dado que es una lucha no solo contra la empresa neocolonial canadiense sino también contra un gobierno y los partidos tradicionales que en julio del año pasado, ante las marchas en contra de la inflación y la baja calidad de vida, firmaron un acuerdo de unidad y acción de nulos resultados.

Al igual que en Ecuador, es muy probable que el pueblo logre echar a la trasnacional norteamericana y hacer valer su soberanía territorial, económica y ambiental. Una victoria en construcción que puede crecer en demandas e incidir en la carrera electoral hacia las elecciones presidenciales de mayo del 2024.

En esta nota: internacionales, Megaminería