Ley Micaela: sólo cinco provincias cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado
El dato surge de un monitoreo que realizaron organizaciones feministas en todo el país. Sostienen que "la implementación de la ley en el ámbito de la justicia a nivel federal es deficitaria" Un informe sobre la implementación de la Ley Micaela en la Justicia de todo el país reveló que solo cinco provincias cuenta con […]
Por Cristian Dominguez | 08/12/2022
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El dato surge de un monitoreo que realizaron organizaciones feministas en todo el país. Sostienen que "la implementación de la ley en el ámbito de la justicia a nivel federal es deficitaria"
Un informe sobre la implementación de la Ley Micaela en la Justicia de todo el país reveló que solo cinco provincias cuenta con más del 50% de su personas judicial capacitado en materia de género. Se trata de Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%).
El dato surgió del “Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales, una mirada federal” que organizó la Fundación Micaela García, el Proyecto Generar, la Guardia de Abogadas Feministas de Argentina, Abosex, Abofem y Cladem Argentina.
Según informaron las instituciones, la intención del estudio era conocer "la manera en la que se implementa y el grado de cumplimiento de la capacitación obligatoria en género en los Poderes Judiciales de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires".
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Otro dato revelador es que solo siete jurisdicciones respondieron el pedido de información en tiempo y forma. El resto de las provincias respondieron de manera incompleta, o algunas directamente no respondieron, como Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan. Estos lugares, señalan las organizaciones, a menudo "son noticia por los aberrantes e inéditos fallos judiciales de contenido patriarcal".
También se destaca la demora que tomaron muchas provincias para adherirse a la Ley Micaela. La Rioja, el caso más extremo, demoró dos años en implementarla. En segundo lugar está San Luis, que tardó 21 meses, y en tercer lugar Catamarca, que demoró 13 meses.
A partir de esta información recolectada, que puede verse profundizada y detallada en este informe, las agrupaciones sostienen que "la implementación de la ley Micaela en el ámbito de la justicia a nivel federal es deficitaria".
Además, apuntaron contra la Corte Suprema de Justicia por ser el máximo tribunal a nivel federal y, al mismo tiempo, poner tanta resistencia para recibir la capacitación por parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. "Observamos con preocupación la tendencia del Poder Judicial de autorregularse, infringiendo el equilibrio y control entre los poderes del Estado, plasmado en nuestra Constitución Nacional", concluyeron.
