La motosierra libertaria llegó a la agricultura familiar

Milei continúa con su sistemático plan de desguace del Estado. Esta vez, le tocó al Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI); decisión que traerá consigo importantes daños colaterales para pequeños y medianos productores.

Este martes 19 de marzo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI). Esto implica que cientos de trabajadores queden en la calle, sin poder tener previsibilidad sobre su futuro laboral. Además, desmonta un proceso fundamental de recuperación y transformación de la ruralidad y de lo agrario.

Más aún, considerando que el Gobierno nacional no envió notificaciones formales de despido. La única información al respecto es la que difundió Adorni.

Esta entidad existe en nuestro país desde la década de 1990. Al calor de las diferentes gestiones gubernamentales fue mutando sus nombres y su alcance. Puntualmente, el INAFCI, como tal, existe como organismo descentralizado desde 2022, por un decreto de Alberto Fernández.

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El INAFCI es el encargado, entre otras cosas, de dar importancia y articular a quienes trabajan en agricultura familiar, que son los que producen más del 60 por ciento de los alimentos que se consumen en la Argentina.

Estos agricultores están en todo el país y desarrollan los cordones periurbanos que abastecen a las grandes ciudades.

Adorni aseguró que esta decisión se ejecutó "luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores". "Tenían 964 empleados y ahora se va a transformar en una dirección en la que quedarán 64 empleados", agregó.

El instituto está amparado en la ley N° 27.118, que declaró a la agricultura familiar, campesina e indígena de interés público, "por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva".

En diálogo con El Resaltador, Santiago Soto -trabajador del INAFCI, coordinador de la región noroeste de la provincia de Córdoba-, expuso que sus principales tareas son "fortalecer y apoyar a los pequeños y medianos productores de alimentos, que están en una situación muy crítica hace ya muchos años, que empeora cada vez más".

"Muchas veces nos enteramos de situaciones de desalojos; estas familias tienen problemáticas vinculadas a la capacidad de producción, de comercialización. Entonces, desde el INAFCI nos encargábamos de desarrollar programas para fortalecer cada uno de esos puntos y que puedan seguir produciendo", agregó.

Soto resaltó que la situación era compleja desde la asunción de Milei. Como trabajadores del espacio, conocían las intenciones de la gestión libertaria. "Lo que hizo el presidente es similar a lo de Mauricio Macri, que también había desarticulado el espacio, echando a más de la mitad de los trabajadores".

No obstante, en este caso, "lo sorpresivo, es que no hay ninguna comunicación, nos enteramos por las declaraciones del vocero presidencial. Todavía no nos avisaron nada".

Estimativamente, los 64 trabajadores que seguirán impulsando el INAFCI (ahora, como "dirección") quedarán concentrados, mayoritariamente, en Capital Federal. "Sabemos que la agricultura familiar no está solo en Buenos Aires, está desplegada por todo el país, en los lugares más recónditos del interior. Por esto, tiene sentido que haya personal técnico ubicado en lugares más remotos", expuso el entrevistado.

"El INAFCI es necesario porque afrontas varias problemáticas con una misma política, que es generar trabajo en el campo, generar arraigo. Si eso no se toma como política durante estos 4 años, se va a generar mayor concentración de la tierra, mayor migración del campo a la ciudad", argumentó.

Un gobierno para pocos

En la misma línea, Melina Dassano -trabajadora de la región del corredor de Punilla de la UTEP Agraria y miembro de la Unión de Trabajadores Rurales de Córdoba-, agregó que es un panorama muy desalentador para pequeños y medianos productores.

"El rol que tomamos en los territorios va por el trabajo social, ambiental, económico y cultural. De acuerdo a los procesos de superpoblación de los cinturones verdes, la agricultura serrana, campesina e indígena se ha construido una práctica por parte del Estado, para visibilizarla".

Es por ello que ningún progreso ni poder político y económico puede arrebatar esas culturas y esas economías regionales en pos de acumular capital. "En ese gobernar para unos pocos, las organizaciones territoriales lograron pelear por los jornaleros, que, por distintos motivos y formas de vida, están alejados. Con estas políticas excluyentes los vuelve a ubicar por fuera del sistema, poniendo en riesgo el futuro de la tierra", explicó Melina.

Ante el peligro de la derogación de la ley de agricultura familiar, la entrevistada se pregunta: "¿Esa es la casta a la que apunta el gobierno de Milei? ¿Eso es lo que quería el votante? Yo no lo creo. Somos hijas de inmigrantes jornaleros y abuelas serranas. Venimos de una historia de sacrificios para los productores argentinos. Trabajar la tierra es uno de los trabajos más dignos y saludables que existen. Y es asegurar el alimento a las generaciones futuras. Y es con el Estado, con los gobiernos, no sin ellos. Cada técnico (del INAFCI) nos ha acompañado en el proceso de transformación, a recuperar la ruralidad".

Una ruralidad que va mucho más allá de la cuestión agraria únicamente.

"No solo pedimos la reincorporación de los técnicos que nos sostienen. Además, que no le quiten al pueblo, en este caso, lo que ganamos trabajando, porque las leyes se construyen en los territorios de la Argentina y se votan en el Legislativo", cerró.

En esta nota: agricultura familiar, Gobierno nacional