¿Conocés la iniciativa ‘Basta de Esterilizaciones Forzadas’?

En Argentina, una normativa habilita las esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad. Ante ese avasallamiento de derechos, diferentes organizaciones quieren modificar dicha ley.

La iniciativa #BastaDeEsterilizacionesForzadas, desarrollada en el marco del “Proyecto DeSeAr con inclusión“, persigue la modificación de los artículos 2 y 3 de la Ley 26.130 como paso fundamental para erradicar estas prácticas. 

Diferentes organizaciones, sostienen que en Argentina, muchas personas con discapacidad -especialmente, mujeres con discapacidad- son sometidas a esterilizaciones forzadas y no consensuadas.

La Ley 26.130 de “Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica”, establece que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas “ligadura de trompas de Falopio” y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía” en los servicios del sistema de salud .

La normativa especifica que las esterilizaciones son un método anticonceptivo que debe ser elegido por la persona –con o sin discapacidad- que lo requiera, quien debe brindar el consentimiento informado.

En relación al punto anterior, las agrupaciones que promueven la campaña, explican que no se puede esterilizar a una persona sin su consentimiento y que nunca se debe solicitar el consentimiento o asentimiento de terceras personas (tales como familiares de la persona con discapacidad) o una autorización judicial.

¿Qué dice el artículo 2? Requisitos: Las prácticas médicas referidas en el artículo anterior están autorizadas para toda persona capaz y mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado”.

¿Y el artículo 3? “Excepción: Cuando se tratare de una persona declarada judicialmente incapaz, es requisito ineludible la autorización judicial solicitada por el representante legal de aquélla”.

Es decir, la Ley 26.130 sólo habilita a las personas sin restricción judicial de la capacidad jurídica y mayores de edad a brindar el consentimiento para las esterilizaciones. 

“Esto lesiona el derecho de las personas con discapacidad a una vida libre de violencia basada en género y a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás, entre otros derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, sostiene el CELS.

¿Quienes impulsan esta propuesta de modificación de la ley? La iniciativa #BastaDeEsterilizacionesForzadas, es promovida por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CLADEM Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), FUSA Asociación Civil y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

“Al no contemplar sistemas de apoyo para la toma de decisiones autónomas ni salvaguardas para evitar la sustitución de la voluntad, la Ley 26.130 tampoco resulta efectiva para prevenir situaciones en las que se esteriliza a personas con discapacidad sin su consentimiento“, señala el CELS.

En relación a la cita anterior, aclaran que esto ocurre cuando la voluntad de la persona es sustituida por el consentimiento de sus familias y/o de terceras personas de su entorno.

“También se presentan situaciones en las que la persona con discapacidad brinda un consentimiento viciado, por ejemplo porque se la induce a aceptar la práctica en base a información sesgada”, agregan.

¿Por qué en Argentina y otros países las esterilizaciones forzadas y no consensuadas son aceptadas socialmente? Según las organizaciones, “porque se considera que las personas con discapacidad son vulnerables y dependientes y, por ende, incapaces de criar a sus hijos/as (…) para proteger a las personas con discapacidad de la violencia sexual. Cualquiera sea la justificación, se argumenta que la esterilización forzada o no consensuada se realiza “por el propio bien” de la persona“.

Por todo esto, consideran la reforma de la Ley 26.130 como un paso ineludible y fundamental que el Congreso Nacional debe dar de forma urgente.

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