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Bullrich contra la marihuana: ¿Qué dijo en Córdoba?

Publicado por:Ramiro Quintanilla

La ministra visitó nuestra provincia, se reunió con su par local, Juan Pablo Quinteros y luego mantuvo un encuentro con el gobernador, Martín Llaryora. Pero fuera de lo que vimos sobre el trabajo conjunto entre las Fuerzas nacionales y las provinciales contra el narcotráfico, dejó algunas frases para releer.

Este lunes 18 de marzo, en una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto a su par local, Juan Pablo Quinteros, anunciaron la instalación de un Grupo de Operación Conjunta (GOC) que trabajará contra el narcotráfico en nuestra Provincia.

Dentro de la presentación, Bullrich también trato temas interesantes como marihuana, legalización, fentanilo, la DEA y su implicación con las Fuerzas de Seguridad nacionales, etc.

¿Qué es el GOC que se instalará en Córdoba? se trata de «un grupo que pasa por una serie de pruebas de integridad y va a analizar todo tipo de drogas», indicó la ministra de Seguridad y agregó que «se elige personal especializado de las cuatro Fuerzas federales».

Al respecto, aseguró: «Son grupos que han estado en las fronteras porque es el lugar donde llega la mayor cantidad (de droga). Hemos aumentado en estos meses el 300% el decomiso de cocaína, solamente en 3 meses de gobierno».

Quizás lo más resonante del anuncio es que este grupo de tareas se capacitará en parte en nuestro país, y también en Estados Unidos, a través de un convenio firmado con la DEA (Administración de Control de Drogas).

«Los agentes van a hacer la mitad de los cursos en Argentina y la otra mitad en Estados Unidos en una academia especializada contra el narcotráfico» explicó la funcionaria.

Te recomendamos leer la siguiente nota de Enfant Terrible donde profundizan la relación sobre las Fuerzas de Seguridad de Argentina y de Estados Unidos: Bullrich y Quinteros anunciaron una fuerza especial que se capacitará con la DEA norteamericana

Cannabis 

Patricia Bullrich explicitó la postura que mantiene respecto a la marihuana, desde la cartera de Seguridad que gestiona.

«La marihuana (como ustedes saben) es hoy un producto de alta contaminación porque no es la marihuana de un THC bajo, sino que es muy alto. Y hay marihuana sintética y genera un peligro muy fuerte a la salud» comenzó explicando la ministra respecto a los decomisos realizados en pasos fronterizos.

A su vez, prosiguió y brindó algunos datos: «Para darles una idea, el THC aceptado en Uruguay como droga de circulación en venta en farmacias, tiene 2% de THC. El THC que hoy se está produciendo en Paraguay, es un THC que va de 16% a 18%. Es decir, que tiene una potencialidad de destrucción del sistema nervioso y de los grados de dependencia de la gente, muy alto».

Los datos son erróneos, porque la Ley Nº 19.172 de Marihuana y sus derivados de Uruguay, regula el comercio de marihuana recreativa y medicinal. «Se entiende por cannabis de uso no psicoactivo (cáñamo) a las plantas o piezas de la planta de los géneros cannabis, las hojas y las puntas floridas, que no contengan más de 1% (uno por ciento) de THC, incluyendo los derivados de tales plantas y piezas de las plantas».

Para la marihuana, el tope de THC presente lo establece el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA). En farmacias, para consumo recreativo en Uruguay se comercializan cepas con distintas concentraciones de THC que tienen entre un 9% y un máximo de 15% de este componente.

En Argentina, según la ley de cannabis medicinal, se considera “cannabis psicoactivo” aquellas plantas con flores secas que superen en su composición química el 1% de tetrahidrocannabinol (THC), por lo tanto, hasta ese porcentaje es legal la fabricación de productos a base de la sustancia, sin entrar en conflicto con la legislación penal ni con las normativas internacionales.

Bullrich también expuso que «por eso, muchas veces se plantea la liberación de la droga, pero lo que está sucediendo es la marcha atrás de los países que lo hicieron. Es el caso de los Países Bajos que está retrocediendo en sus decisiones».

Si bien es cierto que en Ámsterdam se impusieron nuevas normas en la zona céntrica que condicionan el consumo de cannabis, no se trata necesariamente de un paso atrás. En la capital de los Países Bajos, la nueva legislación obliga a los bares a cerrar más temprano e imponen una multa de 100 euros por fumar marihuana en público.

Ahora bien, dado las declaraciones de Bullrich sobre la marihuana puede concluirse que la estrategia de la lucha contra el narcotráfico no contempla la posibilidad de la creación de un mercado legal de cannabis.

A diferencia de lo que se postula en Uruguay, donde la legislación regulatoria del cannabis indica: «La presente ley tiene por objeto proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico buscando, mediante la intervención del Estado, atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado».

Aún más, una nota de El grito del Sur, señala que «el Gobierno congeló el funcionamiento del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann)», base de datos al que se suscriben usuarios y cultivadores de marihuana medicinal donde hay inscriptos alrededor 200.000 usuarios y 40.000 cultivadores. Señalan que «de esta forma, el autocultivo doméstico de cannabis está bajo seria amenaza».

La nota asegura que «desde el Ministerio de Salud, dirigido por Mario Russo, dijeron: «No vamos a dejar de ofrecer cannabis medicinal (…) pero sí vamos a trabajar en mejorar cómo funciona el Registro actual». Sin embargo, este medio confirmó que los ingresos y renovaciones al Reprocann están congelados».

De esta forma, puede concluirse que en el gobierno de Milei y Bullrich, la marihuana (para uso medicinal o recreativo) no es un tema de agenda a pesar de las potencialidades de una industria creciente, a la que se van sumando varias provincias como San Juan, Catamarca y Jujuy, que tienen diversas empresas estatales de producción de cannabis medicinal, acordes a la legislación actual.

Al contrario de profundizar la despenalización y la legalización del consumo, parece que la estrategia del gobierno sería otra: la lógica punitivista aplicada contra el consumidor.

 

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