A un año del golpe en Perú: ¿Por qué no cae la dictadura?

Hace un año, Latinoamérica era testigo de un nuevo golpe de Estado sobre un gobierno de centro-izquierda. Hoy, Perú arde por la libertad otorgada al genocida Alberto Fujimori y un paro nacional de tres días que amenaza a un régimen que comienza a tambalear. ¿Por qué no cae la dictadura? El Resaltador habló con Joanna Terán Romero, de la organización Kuska.

Hace un año, el por entonces Presidente de Perú, Pedro Castillo, era víctima de un golpe de Estado orquestado por el Congreso (cooptado por las fuerzas de la derecha), su propia vicepresidenta, Dina Boluarte, hoy dictadora del régimen, y por supuesto los Estados Unidos de América.

A 365 días de la instalación del régimen en todas las estructuras estatales, nos preguntamos ¿Por qué no cae la dictadura? ¿Por qué todavía no hay elecciones libres? Quien nos ayuda a responder estas inquietudes es la Magister en Psicología Comunitaria y fundadora de la organización feminista decolonial Kuska, Joanna Terán Romero. La profesional y activista nos hace comprender en dónde reside la fortaleza del régimen, el detrás de la reciente liberación del dictador Alberto Fujimori tras un indulto del Tribunal Constitucional y el estado de la relación de fuerzas populares que lucha cada día para que se restaure el orden democrático en el país andino.

“Hay que tener en cuenta que el régimen no se instala de un día para otro, sino que fue un golpe de Estado orquestado por Dina Boluarte, el Congreso y el Poder Judicial”, comienza narrando Joanna.

Vale la pena recordar que en el 2023 se vencían las mayores concesiones mineras del Perú, y Castillo había anticipado que no volvería a ceder a intereses extranjeros el futuro de los bienes comunes naturales de la nación andina.

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Por otra parte, desde Kuska señalan que no hay que olvidar que el régimen se instaló con masacres, todavía muy sentidas en las poblaciones de Puno que las sufrieron. Más de 70 manifestantes indígenas (entre los que había menores de edad) fueron asesinados en las masivas movilizaciones contra el golpe y en pedido de libertad a Pedro Castillo, quien continúa con su prisión política hasta el día de hoy.

“Las consignas han ido variando a lo largo del año, pero se asientan en la libertad de Castillo, en la necesidad de una asamblea constituyente, justicia y reparación para las víctimas de las masacres, pero también de la última dictadura. A medida que pasa el tiempo mayor cantidad de gente reconoce que hace falta un cambio estructural en el país y sabe que no hay democracia, sino dictadura”, señala Terán.

Según la última encuesta de Ipsos, el 80% de la población desaprueba la gestión de la Presidenta de facto, Dina Boluarte. Solo un 14% aprueba su manejo a cargo del Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, pese a la deslegitimación probada de su gobierno dictatorial, Boluarte continúa gobernando desde Lima, ciudad que fue “tomada” en tres oportunidades por los manifestantes en su contra a lo largo de este tiempo.

“En este año hemos vivido de todo, se han realizado paros generales con históricas acataciones de la población, masacres como la de Juliana, donde asesinaron a 18 compañeros en un solo día, y violaciones sistemáticas a los DD. HH., militarización de los territorios, y difamación y criminalización constante de Boluarte contra las poblaciones”, acusa la psicóloga.

El crimen organizado en la gestión estatal

En las últimas semanas, la Fiscal de Estado, Patricia Benavidez, estuvo en el blanco de las miradas tras ser acusada de liderar una organización criminal cuyo objetivo final sería garantizar su impunidad en varias denuncias que afectaban a su persona y a la de su hermana.

En este sentido, hoy día, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la medida cautelar planteada por la consejera Imelda Tumialán y suspendió preventivamente a la fiscal durante seis meses, por presuntamente liderar una organización criminal.

La funcionaria, aliada de Boluarte, ordenó en su momento la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, cuya fiscalía investigaba a su hermana, Enma Benavides. También se la acusa por la articulación con el grupo criminal "Cuellos Blancos" y el registro de llamadas con el empresario Antonio Camayo, líder de dicha organización. Esta sociedad delictiva estaba integrada, además, por Orlando Velásquez, Iván Noguera, Guido Aguila, Julio Gutiérrez y Herbert Marcerlo; los abogados César Salinas, Juan Eguez, Maximiliano León, Gastón Molina y Marcelino Meneses; y el juez Supremo Aldo Figueroa.

“El Estado de Perú está manejado por una alianza mafiosa encabezada por Boluarte junto a integrantes de todos los poderes estatales” advierte Joanna.

Castillo preso, Fujimori en libertad, las organizaciones en resistencia

“El desgaste se siente. Porque la dictadura también instaló una crisis económica, que desató crisis en las economías pequeñas, familiares, agricultoras, al tiempo que vivimos crisis ambientales. Todo ello lleva a un desgaste, que acrecienta las históricas diferencias entre Lima y las ciudades de las periferias del Perú, que somos las que más nos movilizamos. La fragmentación, la falta de recursos, la represión estatal, y finalmente llevan a que las protestas disminuyen” confiesa la activista.

Joanna insiste en que se reconozca al actor de la resistencia contra la dictadura: la colectividad andina. Es que desde las regiones sureñas es donde han salido las mayores movilizaciones hacia Lima, como también en donde los paros generales se han cumplido a la orden del día.

Este viernes, sábado y domingo se llevará a cabo un paro general nacional, el cual, según la entrevistada, genera “grandes expectativas en la población”. Sin embargo, señala que la dictadura también hace sus jugadas conociendo la masividad de las movilizaciones que se llevarán a cabo en las principales ciudades del país.

En este sentido, Joanna expresa: “La liberación del genocida Fujimori pareciera que es una cortina de humo para lo que se venía este fin de semana, para tapar que la gente esté exigiendo la restitución del presidente Castillo, la libertad del presidente Castillo, una nueva constitución”.

Alberto Fujimori se encontraba en prisión desde el 2009 por la comisión de delitos de lesa humanidad. Más precisamente se lo acusa por ser el responsable político del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta en la década del 90, por parte de la agrupación militar Grupo Colina, que respondía al dictador. Por otro lado, también está acusado de llevar adelante programas de esterilización forzada sobre mujeres y hombres campesinos indígenas de los Andes, con el apoyo de agencias norteamericanas.

En el día de ayer, Fujimori salió en libertad de la Cárcel de Barbadillo, donde se encuentra prisionero Pedro Castillo y otros expresidentes del Perú, por un indulto otorgado por el Tribunal Constitucional y avalado por Instituto Nacional Penitenciario. Esto generó inminentes protestas en distintas ciudades de Perú, ya que Fujimori fue un dictador que estuvo generando terror social durante una década (1990-2000).

Volviendo al paro general, Joanna advierte que la movilización va a estar atravesada por el pedido de prisión para Fujimori, una consigna que vuelve a nombrar luego de casi dos décadas. “Juegan a seguir fragmentando, al igual que las ongs financiadas por intereses extranjeros que instalan consignas de corto plazo, dejando atrás las verdaderas consignas por una nueva asamblea, por ejemplo”, acusa la profesional.

Sin embargo, Teran sostiene que a pesar de que el régimen se maneja con total impunidad, “ya está tambaleando”. “Ahora se están acusando entre ellos (Boluarte, Otarola, Benavidez), Dina no se anima a pisar las regiones, y nosotros no dejaremos de estar en las calles hasta que se caiga el régimen, seguiremos en resistencia fortaleciendo los espacios de lucha colectiva”.

En esta nota: internacionales, Perú