Toma de tierras: qué hay detrás del humo mediático

Una fuerte campaña mediática busca criminalizar a las miles de familias que buscan desesperadamente un lugar para constuir su vivienda. La excusa de proteger la “propiedad privada” solo esconde negocios inmobiliarios y un déficit habitacional que arrastra el país desde hace décadas.

Foto: Ronaldo SCHEMIDT AFP

Por Cristian Dominguez

Hace algunas semanas viene resonando en los medios el conflicto por “toma de tierras”, “ocupación” y desalojos en el país. El tema tomó relevancia a finales de julio cuando se efectuó una ocupación de casi 100 hectáreas en Guernica, una localidad ubicada en el conurbano bonaerense.

Las familias ocupantes no solo recibieron ataques por parte de quienes se adjudican las tierras sino también la criminalización de los grandes medios y referentes políticos. Un acontecimiento que involucra a más de 10 mil personas desesperadas por conseguir una vivienda, reducido a una “violación de la propiedad privada”.

Dentro del escenario político, muchos consideran que la “ocupación” es un tema que debe resolverse desde Seguridad, ya que únicamente lo ven como un delito y no como una consecuencia directa del déficit habitacional. Ese discurso es fogoneado principalmente por el arco político de Juntos por el Cambio, pero también por algún sector del Frente de Todos, como Sergio Berni y Sergio Massa.

Por otro lado, está la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic quien asegura que no es un “tema de seguridad” sino un conflicto habitacional que debe resolverse con “diálogo e inclusión”. A este postura se suma también el dirigente Juan Grabois, lider del MTE, quien declaró que la gente “no quiere seguir viviendo hacinada” en este contexto de pandemia y que es un problema que debe resolver el Estado.

En cuanto a lo mediático, hay una fuerte campaña encarada por las grandes empresas de comunicación. Allí se busca enlazar la toma de tierras como un déficit del Gobierno y de la Justicia. La expropiación de Vicentin -que luego se cayó-, la reforma judicial, el decreto que prohíbe desalojos y los presos “liberados por la pandemia”, son algunos de los tópicos que resuenan en las usinas mediáticas en donde se busca construir un sentido común. En todos los casos, por supuesto, está como principal víctima la propiedad privada.

“Los alcaldes responsabilizan a la Justicia por la inacción: no hay desalojo posible sin una orden judicial. Los fiscales y los jueces, a su vez, están atados a un protocolo que demora los desalojos una vez consumado”, escribía La Nación en referencia a la resolución 707/19 que prohíbe los desalojos.

Algunos titulares que se vieron en las últimas semanas.

Lo cierto es que en Argentina la crisis habitacional viene en alza junto con los índices de pobreza. Un informe del INDEC del último semestre del 2019 sobre 31 conglomerados urbanos reveló que casi un millón y medio de personas viven en hacinamiento crítico y una de cada tres familias en el país tiene problemas de viviendas.

Unas 4 millones de viviendas se necesitarían para paliar la situación. La pérdida de puestos de trabajo y la degradación del salario respecto a los desorbitantes precios para acceder a terrenos, es un factor. La falta de políticas públicas para el acceso a la vivienda no discrimina entre gobiernos. Las “tomas de tierras” han sido durante décadas la forma de descomprimir el problema habitacional.

En Guernica se intentó desplegar una orden judicial de desalojo contra las más de 2500 familias. Pero cuando la Gremial de Abogados y Abogadas apeló la orden, denunciaron que ninguno de los “dueños” acreditaba la titularidad de las tierras. Entonces, ¿quién impulsaba las protestas contra las tomas de tierras? Uno de los principales instigadores es el grupo inversor El Bellaco S.A., que desde 2014 proyecta expandir un country en esa zona.

Lo que queda demostrado, una vez más, es que la excusa de proteger la “propiedad privada” solo esconde negocios inmobiliarios y un déficit habitacional que arrastra el país desde hace décadas.

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Villa Mascardi

La presión mediática-empresarial -y política- dervió a que se encienda una nueva ofensiva por desalojar tierras ocupadas en otros zonas también codiciadas por el negocio inmobiliario. En este caso se destacan las manifestaciones se llevaron adelante contra la comunidad Lafken Wincul Mapu del Lago Mascardi.

La avanzada contenía también a empresarios inmobiliarios de las ciudades que ven amenazadas sus viviendas ociosas ante la creciente pobreza y desalojos particularmente en el sector de inquilinos informales.  

El conflicto en Villa Mascardi se inició con la ocupación en el 2017 por una comunidad mapuche en tierras en manos del INTA. Durante el gobierno de Cambiemos se llevaron adelante varios intentos de desalojo comandados por Pablo Noceti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, que culminaron con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel cuando un grupo especial de la Prefectura Naval Argentina, división “Albatros”, ingresó al predio a los disparos. El hecho fue similar a la represión iniciada en el la Lof de Cushamen en Chubut, que terminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado el mismo año.

Con la llegada del nuevo gobierno, el Estado argentino desistió de avanzar en su ofensiva judicial contra la comunidad Winkul Mapu, si bien mantiene la denuncia por “usurpación” de hectáreas cuya propiedad se adjudica la Administración de Parques Nacionales. El Gobierno apostó, en cambio, por una mesa de diálogo encabezada por Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad, que viajó hasta Mascardi, mantuvo contacto con los actores involucrados y diseñó una agenda de trabajo.

La presión actual fue tal que envalentonó a los sectores más reaccionarios e interesados en el negocio de esas tierras para gestar una movilización y barrer el proceso de diálogo entre la comunidad mapuche y las instituciones estatales. El sábado hubo una concentración llamada “Banderazo patriótico”, que aglutinó a unos 80 vehículos que pedían mano dura contra los mapuche.

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Desde la cartera que encabeza Sabina Frederic se denunció ante la fiscal federal Silvia Little para que se investigue la posibilidad de ataques armados desde los movilizados, ya que vía redes sociales se instigaba a cometer delitos con armas. Horas después de la concentración, un grupo no identificado, desde vehículos, realizó disparos contra la comunidad Winkul.

Las acciones de Frederic no pasaron desapercibido. Horas después, el magistrado Nicolás Suárez Colman, abogado y miembro del PRO en la localidad de General Roca, denunicó penalmente a la ministra por “incumplimiento”, “encubrimiento” y “abuso de autoridad”.

La denuncia, que también incluye el nombre de la directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, fue introducida en la Fiscalía Federal de Bariloche.

Hay dos datos importantes a tener en cuenta detrás de este conflicto, similar a lo que ocurre en Guernica. Por un lado, detrás de las denuncias sobre ataques a la propiedad privada, se encuentran dueños de cabañas y estancia con intereses inmobiliarios, y, según fuentes oficiales, presuntas compras irregulares de tierras a Parques Nacionales.

El segundo dato, reflejado en una cartografía publicada por Susana Lara en el portal El Cohete a la Luna, es la concentración de hectáreas de la zona en manos de Zorreguieta, Benetton, Roemmers y LewisLa posesión de tierra en pocas manos se extiende por todo Bariloche y alrededores, e incide sobre otra realidad que no llega a la tapa de diarios: la presión inmobiliaria sobre el precio y la dificultad de acceso para las mayorías.

Fuente: ANRed y Canal Abierto.

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