Sobreseyeron a empleadas del Sanatorio Aconcagua por el crimen de Blas Correas
Ambas imputadas debieron pagar una multa de $12500, por el delito de omisión de auxilio. La familia de la víctima manifestó su malestar y disconformidad luego de esta decisión judicial. Recientemente, la Justicia sobreseyó a dos empleadas del Sanatorio Aconcagua que estaban acusadas por no auxiliar a Blas Correas luego de ser baleado por efectivos […]
Por Agustina Bortolon | 09/21/2023
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Ambas imputadas debieron pagar una multa de $12500, por el delito de omisión de auxilio. La familia de la víctima manifestó su malestar y disconformidad luego de esta decisión judicial.
Recientemente, la Justicia sobreseyó a dos empleadas del Sanatorio Aconcagua que estaban acusadas por no auxiliar a Blas Correas luego de ser baleado por efectivos de la Policía de Córdoba.
Ambas imputadas debieron pagar una multa de $12500, tal como prevé el Código Penal para el delito de omisión de auxilio.
Tras esta decisión judicial, la familia de Blas expuso su disconformidad y malestar ante la falta de "un gesto de humanidad" por parte de María Laura Moya y Paola Andrea Mezzacapo, las implicadas.
"Ojalá en sus conciencias estas dos personas se pregunten el resto de su vida qué hubiese pasado si ellas simplemente llamaban al médico", dijo Soledad Laciar, la mamá de la víctima.
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Con participación del fiscal de Cámara, Fernando López Villagra, la Cámara Octava del Crimen instó a las trabajadoras imputadas a ofrecer algún tipo de resarcimiento. Moya y Mezzacapo ofrecieron, mediante el abogado Carlos Nayi, un total de 300 mil pesos a modo de "reparación de daños causados".
El tercer empleado imputado en la causa por el crimen de Blas Correas es Fernando Gabriel Casalino, por abandono de persona. Fue él quien estaba en la puerta del centro médico cuando llegó el auto en el que trasladaban al joven herido.
Para el delito adjudicado, el Código Penal prevé una pena que contempla desde 2 a 6 años de prisión.
La familia de Blas fue admitida como querellante en la investigación, por lo que podrán aportar y controlar las pruebas para determinar si hubo otras responsabilidades además de los policías ya condenados.
