Sin derecho a la protesta, todos los derechos están en peligro
A partir del proyecto de ley provincial presentado por el legislador Juan Manuel Cid que busca "ordenar las manifestaciones", hablamos del derecho a la protesta en medio de esta coyuntura de crisis y ajuste. Recientemente, el legislador Juan Manuel Cid, de Hacemos por Córdoba, presentó un proyecto de ley provincial para "ordenar las manifestaciones populares". […]
Por Agustina Bortolon | 08/18/2022
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A partir del proyecto de ley provincial presentado por el legislador Juan Manuel Cid que busca "ordenar las manifestaciones", hablamos del derecho a la protesta en medio de esta coyuntura de crisis y ajuste.
Recientemente, el legislador Juan Manuel Cid, de Hacemos por Córdoba, presentó un proyecto de ley provincial para "ordenar las manifestaciones populares".
La finalidad de esta iniciativa es "garantizar la convivencia del derecho a transitar junto al de reclamar en la vía pública". Prevé sanciones, multas e incluso arresto para quienes incumplan con la normativa. Cid, argumentó que "peticionar no significa cortar la calle, andar con palos y romper, sino hacer llegar a las autoridades un reclamo legítimo".
En Córdoba, iniciativas de este tipo se dan con más frecuencia que la que quisiéramos. Desde el último acampe que llevaron adelante organizaciones piqueteras a finales de 2021, el juez Raúl Garzón amenazó con imputar a quienes corten el tránsito, y limitó el uso de la calle solo a media calzada.
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No es casual que el punitivismo brote a la superficie cuando las respuestas a los reclamos son prácticamente nulas. Sin ir más lejos, durante 2021 se llevaron adelante 6658 manifestaciones, la cifra más alta de los últimos siete años.
Esta magnitud -para nada azarosa, entendiendo el contexto de crisis y ajuste- pone de manifiesto el ritmo de la calle: avance y recrudecimiento de las condiciones materiales de vida, bronca colectiva y resistencia de los gobiernos ante las demandas de los sectores populares.
Según la antropóloga Julieta Quirós, la protesta social no solo es una forma de ir contra el Estado, sino también una manera específica de vincularse con él. Las protestas son formas apropiadas de anunciar un conflicto social y formular al Estado los reclamos.
Protestar no es delito
Las manifestaciones no se pueden prohibir, sancionar, criminalizar ni estigmatizar, puesto que son el vehículo para garantizar que se cumplan los derechos, y también, para conquistar nuevos. A través de ellas, el espacio público se convierte en un foro y la calle en una caja de resonancia. Sin derecho a protestar todos los demás derechos están en riesgo.
Es decir, estas vías no institucionales de expresión de los reclamos existen porque hay otros derechos que están siendo vulnerados y/o negados por parte de las instituciones de gobierno. En un contexto como el actual, buscar "regular" las protestas populares atenta y coacciona uno de los pocos medios (y fines) para lograr hacer llegar los reclamos a oídos de quienes gestionan el Estado.
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El proyecto presentado por el legislador Juan Manuel Cid, sumado a otras iniciativas similares que se replican no solo en Córdoba sino en todo el país, persigue el cercenamiento y encorsetamiento de la protesta, hasta reducirla a un permiso del Estado solamente en los casos que éste considere justo.
Por esto, asegurar la democracia es garantizar que continúen existiendo espacios pluridimensionales de encuentro y expresión, porque la calle no solamente es un lugar de circulación sino además de reunión, lucha, debate e interpelación.
