¿Qué dijo el CELS sobre el "protocolo antipiquetes" anunciado por Bullrich?
La ministra de seguridad difundió medidas a ejecutar por las cuatro fuerzas federales en manifestaciones populares. El Centro de Estudios Legales y Sociales alertó que "es muy riesgoso enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales". Este jueves 14 de diciembre, el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) aseguró que el protocolo […]
Por Agustina Bortolon | 12/15/2023
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La ministra de seguridad difundió medidas a ejecutar por las cuatro fuerzas federales en manifestaciones populares. El Centro de Estudios Legales y Sociales alertó que "es muy riesgoso enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales".
Este jueves 14 de diciembre, el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) aseguró que el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca "impedir con represión la protesta social".
"Ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial, hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes", resaltó el CELS. Al mismo tiempo, consideró que las medidas "atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política".
Sumado a ello, "pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales y bajo la promesa de orden, busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales".
El CELS alertó que "es muy riesgoso enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales".
"Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles", recordó. Y advirtió que "ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial, hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes".
¿Qué dice el protocolo antipiquetes anunciado por Bullrich?
La flamante ministra anunció una serie de medidas a ejecutar para impedir que los piquetes y manifestaciones interfieran en la circulación urbana.
Según explicó Bullrich en conferencia de prensa, las cuatro fuerzas federales - Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) - estarán habilitadas por la nueva disposición para intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas que obstaculicen, total o parcialmente, la circulación del resto de los ciudadanos.
A los integrantes de las citadas fuerzas se sumarán los miembros del Servicio Penitenciario Federal.
La ministra de Seguridad pidió además que las provincias, con las fuerzas locales, se sumen a la aplicación del nuevo protocolo.
La intervención de los agentes se va a organizar, de aquí en más, de acuerdo a la zona del conflicto. En ciertos puntos intervendrán las fuerzas federales, y, en otros, los gobiernos locales.
Habrá vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse. "En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautados: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos", dijo Bullrich.
En caso de detenciones, Seguridad pedirá la intervención de la Justicia. "Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitido a las autoridades competentes. Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente", explicó.
Por otro lado, en caso de participación de niños y adolescentes, se dará intervención a los organismos competentes y se sancionará a los tutores o quienes los lleven.
Las sanciones
Bajo la premisa de "el que las hace, las paga", la ministra Bullrich anunció que "por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones".
Además, se creará un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos y que "sistemáticamente son los que hacen de voceros de estas manifestaciones".
"Es necesario que los argentinos sean liberados de los sectores que los extorsionan", explicó Bullrich.
"Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto, que ha hecho que la gente no haya podido llegar a sus trabajos, pierden horas, presentismos, hay problemas con ambulancias que no llegan a tiempo; y es hora de terminar con esta metodología que lo que hace es generar desorden absoluto".
