Política y Justicia: asunto separado

La línea que separa a la política partidaria, con sus dinámicas y coyunturas, de la agenda criminal del Poder Judicial se vuelve cada vez más estrecha.

Edificio de Comodoro Py.

Por Matías Mowset

La judicialización de las discusiones políticas, si bien tiene una larga historia en los procesos ocurridos en Argentina y en el mundo, tuvo un virulento nuevo auge en Latinoamérica en los últimos años.

Este fenómeno tiene dos factores. El primero, indubitable, es la tendencia del Poder Judicial a participar activamente de los procesos políticos pero esta realidad se ve acompañada por la tentadora posibilidad que tienen los espacios políticos, y que se convierte en una conducta transversal a todos, de llevar los disensos a los palacios de justicia.

Esto suele tener un objetivo no tan vinculado a los efectos jurídicos de los procesos sino, en la mayoría de los casos, al impacto mediático que la toma de estado judicial o, más aún, penal, tiene sobre el estado del debate público.

Para decirlo en criollo. Es mucho más tentador para un espacio político acusar a sus opositores de delincuentes, antes que reconocer las diferencias programáticas o ideológicas que separan a ambos y enmarcar las críticas en el contexto de esas diferencias.

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Esto hace que las discusiones se vuelvan, a menudo, muy pesadas y difíciles de abordar de manera racional. Además, también embarra el accionar del Poder Judicial, que tiene que resolver sobre cientos de denuncias penales cruzadas sobre temas referidos a políticas públicas, en las que los debates debieran limitarse a su conveniencia o inconveniencia.

La mayoría de ellas caen en saco roto, pero el ejemplo más claro del avance de una causa que comprometió accionar judicial en varias de sus instancias y la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal para dirigir la parte procesal fue la de “Dólar Futuro”. Una causa referida a una decisión de política monetaria normal y que tuvo su momento más álgido con la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner, nada menos, que fue Presidenta de la Nación y actualmente ejerce como vicepresidenta.

Detrás de estas causas, aparecen redes de complicidades entre jueces, fiscales, agentes de los servicios de inteligencia, periodistas y dirigentes políticos. Incluso, con reuniones probadas entre varios de estos personajes.

La agenda judicial mide y actúa sobre los tiempos y las dinámicas de la política, incidiendo sobre ellos y determinándolos. Los procesos se aceleran en tiempos preelectorales y los fallos rimbombantes permanecen a la espera de salir cuando la sociedad está debatiendo sobre temas o hechos que amenazan a algunos de estos sectores.

Más allá de los procesos abiertos y del rol del Poder Judicial en las causas que involucran a dirigentes políticos, calificado como “lawfare” por algunos juristas y de largo recorrido en el debate público argentino, está la denuncia como herramienta de ataque público.

Visto desde un costado que pretende analizar la cuestión penal como algo bien serio, mucho de lo que sucedió este último año respecto a los debates públicos volcados a la justicia cayó en contradicciones o, incluso, el ridículo.

Quizás el mejor ejemplo para graficar cómo el “ridículo” ingresa por las puertas de los palacios de tribunales es la denuncia por “envenenamiento” realizada por diputados de la Coalición Cívica contra el Presidente de la Nación.

Carrio denunció al Gobierno Nacional por envenenamiento | Elisa Carrió,  Denuncia, Sputnik V
Elisa Carrió, presidenta de la Coalición Cívica.

La justificación de aquella denuncia contra Alberto Fernández tenía que ver con los discursos negacionistas que esos mismos espacios venían realizando, incentivando la desconfianza hacia la vacuna Sputnik V y a la autorización que había recomendado la ANMAT, el organismo encargado de proteger a los ciudadanos argentinos contra medicamentos, vacunas o alimentos inseguros.

Tras el escándalo de las vacunaciones irregulares, esos mismos espacios políticos presentaron denuncias penales contra quienes interpretaron como responsables de lo que denominaron “Vacunatorio VIP”. 

En los hechos, plantearon dos denuncias penales contradictorias, una acusando al presidente de “distribuir veneno” y otra acusando al presidente y a varios funcionarios de darle ese “veneno” solo a sus amigos.

Esto muestra a las claras el bajo nivel de seriedad que en buena parte de la política se le da a la rama penal del Poder Judicial, la rama más sensible de todas porque es la que decide sobre la libertad de las personas. También como la acusación de “delincuente” y la costumbre de hacer política a través de titulares de noticiero se volvió una comodidad para algunos dirigentes.

Porque está claro que todas estas denuncias tienen como único objetivo generar una noticia que le llegue a la sociedad y cuyo mensaje sea simple “el presidente está denunciado penalmente”. Algo que en la lógica punitivista planteada en los medios de comunicación, equivale a decir que “es un delincuente”.

El ejemplo más brutal de la poca sostenibilidad que tiene esta práctica fue la contradicción que la oposición argentina tuvo respecto a dos hechos similares. Los primeros días de abril de 2020, el ANSES tuvo problemas en la organización del primer cobro de jubilaciones en el marco de la cuarentena. Los funcionarios subestimaron la situación y el resultado fue desastroso: miles de jubilados apelotonados contra los bancos sin distancia social en cada rincón del país.

Por este motivo, la alianza Juntos por el Cambio denunció penalmente al entonces titular de ANSES, Alejandro Vanoli, además de exigirle su renuncia. Alberto Fernández apartó a Vanoli del cargo y la denuncia, obviamente, no prosperó ya que el hecho se trató de un error y no de un delito.

Casi un año después, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, cometió el mismo error reuniendo a miles de ancianos mayores de 70 años en sólo tres centros de vacunación, provocando situaciones en las que no se pudo respetar la distancia social ni las medidas básicas de prevención que exige la pandemia.

El hecho, que pudo haber tenido un costo político menor para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la alianza Juntos por el Cambio, terminó derivando en un escándalo mayor, precisamente por el antecedente de la denuncia penal contra Vanoli.

Mientras se exigía la renuncia de Fernán Quirós, la Ciudad debía resistir el embate sin poder explicar cómo es que, ante la misma conducta, a Vanoli lo denunciaron penalmente como un delincuente y exigieron su renuncia, mientras que a Quirós lo sostienen en el cargo.

El hecho de haber denunciado penalmente, lo que sirvió en su momento para generar un titular más, ahora volvía en contra para marcar las contradicciones y, una vez más, el poco nivel de seriedad que se le da a la agenda penal.

Mientras la política, en el marco de la democracia y el voto popular, constituye poderes públicos que llevan adelante programas y elaboran las leyes en el marco de la disputa por el apoyo de la ciudadanía, la intervención permanente del Poder Judicial plantea un escenario que entorpece el normal funcionamiento de las instituciones y crea una situación de inequidad de incidencia entre personas sometidas al constante escrutinio público y otras personas, más anónimas, que no tienen que dar cuenta de sus decisiones ante la sociedad.

Por otro lado, la avalancha de planteos políticos en los tribunales penales, y también en las otras ramas del derecho, enlentece, dificulta y obstaculiza el funcionamiento de una institución que hace agua en la lucha contra el crimen real, en toda la variedad de sus expresiones.

Atreverse a discutir en el marco de las diferencias programáticas, con voluntad democrática y asumiendo esas diferencias como parte del amplio abanico ideológico que ofrece la política y que pone en juego electoralmente cada dos años, es el nuevo desafío de este tiempo. Un tiempo que augura ser complicado en cuanto a la relación entre los tres poderes del estado y que exige que las líneas que los separan sean marcadas con total claridad. 

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