Una supuesta política de «hambre cero» impulsada por el partido oficialista llevó a desfinanciar a las universidades nacionales, lo que despertó la furia de miles y miles de estudiantes que paralizaron las actividades educativas, organizaron marchas masivas y armaron asambleas. ¿Qué pasa en el país más olvidado por la prensa sudamericana? ¿Por qué preocupa al gobierno la expansión de la lucha estudiantil?
En los primeros días de abril, por iniciativa del Gobierno dirigido por Santiago Peña, ex empleado del FMI e integrante del Partido Colorado, el Congreso Nacional promulgó la ley «Hambre Cero».
El supuesto objetivo de la ley consiste en la universalización de la alimentación en los niños en edad escolar.
Sin embargo, el financiamiento de la ley se haría con el dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), el cual garantiza la gratuidad de la educación superior, el desarollo de programas científicos, y un importante financiamiento a las áreas de salud de los municipios y gobernaciones.
Desde entonces, los y las estudiantes universitarias paraguayas empezaron con pacíficas protestas que paralizaron a distintas universidades nacionales, como por ejemplo a la Universidad Nacional de Asunción.
Las movilizaciones lograron el apoyo no solo del estudiantado superior sino de los secundarios, gremios docentes y académicos e investigadores.
Centralizar el capital, destruir lo popular y nacional
Miles de estudiantes salieron a las calles en las últimas dos semanas de manera permanente exigiendo «No a la eliminación de la gratuidad». ¿Por qué denuncian que el Gobierno queire arancelar las universidades?
El FONACIDE (ley 4758) se financia con el 30% de las regalías que dejan dos de las centrales hidroeléctricas más importantes del país: Itaipú (compartida con Brasil). Esta produce no solo energía, sino una entrada importante de divisas a la nación, las cuales -por la ley 4758- están destinadas en distintos porcentajes a las diferentes áreas seinsibles antes nombradas.
En este sentido, un tercio del fondo en cuestión va dirigido al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación, el cual tuvo que incorporar -por presión del movimiento estudiantil en plena pandemia- una asignación destinada a financiar la «Ley Arancel Cero». La misma garantiza la gratuidad en la educación pública superior.
A su vez, el dinero proveniente de allí también es usado para la mejora de la insfraestructura de los centros educativos, el financiamiento a posgrados y doctorados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la infraestructura de las instituciones.
La ley promovida por Santiago Peña, presidente y al mismo tiempo uno de los empresarios más ricos y poderosos del país vecino, elimina no solo al FONACIDE sino también al sistema descentralizado de financianmiento y distribución del mismo, por lo que la administración nacional centralizará todas las divisas de las regalías y la forma de distribuirlas.
En resúmen, el arancel cero corre peligro en Paraguay.
Esto, como dijimos antes, provocó los cruces entre el movimiento estudantil y el Gobierno nacional. Quien señaló que no se eliminará la gratuidad de la educación superior. Hasta el momento, no existe acuerdo entre ambos sectores.
La Universidad Nacional de Asunción, que sería una especie de UBA en Argentina, advirtió en un comnicado que alrededor de 18 mil estudiantes son beneficiados de manera directa con el arancelamiento cero. A su vez, la Universidad Nacional del Este, que sería la UNC en nuestra nación, señaló que 8 de cada 10 estudiantes dependen de esta política.
En este sentido, se tomaron distintas facultades de las universidades antes nombradas y las movilizaciones fueron tan masivas que llevaron al gobierno a firmar un anexo de la nueva ley que dirige fondos del Tesoro Nacional al «Arancel Cero»; sin embargo, este es financiado con la recaudación tributaria anual, una de las más bajas de Sudamérica.
«100 ruidosos» contra la casta colorada
«No superan las 100 personas», expresó en términos pyorativos el senador Basilio Núéz, lider de la bancada del Partido Colorado, cuyo líder es el magnate paraguayo Horacio Cártes, denunciado en el 2022 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como “significativamente corrupto” por sus estrechos vínculos con el narcotráfico, contrabando y lavado de activos.
A su vez, Peña, el «hijo pródigo» de Cartés, advirtió sobre los estudiantes «es una minoría que muchas veces es más ruidosa»,
“No superan 100 personas”, afirmaba el senador Basilio Núñez, líder de la bancada cartista y próximo titular del Congreso, ante las movilizaciones de estudiantes. “Es una minoría que muchas veces es más ruidosa”, decía por su parte el presidente Peña.
“Somos más de 100” fue la consigna con la cual el movimiento estudiantil convocó a estudiantes de todo el país el pasado 16 de abril, la cual fue una de las más significativas de los últimos tiempos, con decenas de miles de jóvenes marchando.
A su vez, la nueva ley también ataca al sistema de salud y al financiamiento de ayudas económicas para pacientes oncológicos, por lo que no solo el estudiantado se encuentra en las calles sino también trabajadores y trabajadoras de hospitales y centros médicos que se ven afectados por las medidas tomadas.
Luego de la marcha, el gobierno convocó a los líderes estudiantiles a conformar una mesa de diálogo que no obtuvo los resultados demandados, por lo que las tomas de espacios de facultades continúan al igual que la lucha en las calles que empieza a recibir el apoyo de trabajadores de la salud y otros sectores que también vienen recibiendo duros reveses del congreso en pos de la concentración del dinero a manos de Peña y Cártes, quien se encuentra sancionado por Estados Unidos y necesita plata para mantener una estructura estatal clientelera que se cimenta bajo 70 años de hegemonía de los colorados en el Estado.
La pelea seguirá y el Gobierno parece no ceder. Los estudiantes tampoco.