Mala eres: historias de mujeres y prisiones
El derecho penal es la parte de los ordenamientos jurídicos que definen cuáles conductas van a ser sancionadas con el máximo castigo en los Estados de Derecho, la privación legítima de la libertad. Este es selectivo; traduce las discriminaciones y violencias sexo genéricas de las sociedades patriarcales. El poder coercitivo del estado se manifiesta mediante […]
Por El Resaltador | 11/20/2022
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El derecho penal es la parte de los ordenamientos jurídicos que definen cuáles conductas van a ser sancionadas con el máximo castigo en los Estados de Derecho, la privación legítima de la libertad. Este es selectivo; traduce las discriminaciones y violencias sexo genéricas de las sociedades patriarcales.
El poder coercitivo del estado se manifiesta mediante la justicia penal con los mismos sesgos y estereotipos que desde los feminismos se ha criticado al derecho. La apariencia de neutral, objetivo y garantista se derrumba ante la realidad. Basta ver las características de la población carcelaria en nuestro país para advertir el valor de la propiedad en nuestra sociedad.
El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) brinda las estadísticas penitenciarias oficiales del país y muestra la evolución y las características de la población privada de libertad en unidades penitenciarias. Al 31 de diciembre de 2021, había en la República Argentina 101.267 personas privadas de libertad en unidades de detención, a lo que debe sumarse 12.807 personas privadas de libertad en dependencias policiales o de fuerzas de seguridad, lo que se traduce en un promedio de 249 personas cada 1000.000 habitantes de nuestra nación.
Los índices suministrados por SNEEP ubican a Argentina con una población carcelaria que, en promedio, se asemeja en cantidad a la mayoría de naciones de la región, alejada de las elevadas tasas de Estados Unidos, pero también de las bajas tasas de India o Japón. Sin embargo, desde la década del noventa existe una tendencia creciente en nuestro país.
¿Quiénes? y ¿por qué?
La población penitenciaria tiene una destacada presencia de jóvenes varones, de nacionalidad argentina y con un bajo nivel de escolarización
Del total de personas privadas de su libertad en todo el país, el 95,4% son varones al mismo tiempo que el principal delito imputado, históricamente, ha sido el robo (o tentativa de robo). Hasta 2021, 36.068 personas se encontraban presas en virtud de una condena o procesamiento por haber infringido las normas de la propiedad, lo que significa el 31,2% del total.
En sociedades patriarcales, capitalistas y desiguales, en donde las masculinidades materializan la producción y los sostenes económicos, dichas cifras no son sorpresivas. Esto debe interpretarse, también, en el marco de políticas criminales por las cuales el Estado elige y decide perseguir principalmente este tipo de delitos.
Por otra parte, también llama la atención la cantidad de personas presas en el marco de abuso sexual. Así, el segundo delito por el cual se priva de la libertad, son los abusos sexuales (violaciones), que al 2021 computaban el 15,60% de la población carcelaria. Es decir, 17,799 personas.
Sin embargo, cabe aclarar que estas estadísticas dejan por fuera a quienes, con o sin condena firme, gozan de prisiones domiciliarias y/o libertades condicionales.
Mujeres ¿asesinas?
Múltiples son las disciplinas que se dedican a estudiar el poder punitivo del Estado, así como los fenómenos y estructuras que enmarcan la delincuencia. Dentro de ellos, aquellos que profundizan en la relación género y sistema penal, dan cuenta cómo históricamente a las mujeres se nos ha disciplinado, en particular a través del valor de los roles familiares de buena madre, buena esposa y buena mujer. Lo cual se agrava cuando se es migrante y con escasos recursos económicos.
Esta semana comenzó el juicio penal en contra de la “China”: Lo que debió ser tratado como una emergencia obstétrica de una mujer que tuvo un aborto espontáneo en condiciones precarias e inseguras, está siendo procesado como un homicidio agravado por el vínculo. Lo que significa que corre el peligro de ser condenada con el máximo de pena prevista por el Código penal, el de la prisión perpetua.
Recientemente la "China" escribió una carta, una de las pocas formas en que puede darse a conocer su propia voz. En ella relata su historia de vida, los motivos que la llevaron a migrar de Venezuela a Argentina, sus vínculos familiares y también el fatídico relato de lo que sucedió ese día en que perdió un embarazo que ni siquiera sabía que tenía.
Tal y como dan cuenta las organizaciones de la sociedad civil que acompañan y participan en la causa, la "China" sufrió el desenlace de un parto espontáneo e inesperado, lo que se denomina evento obstétrico y que deja huellas traumáticas en los cuerpos gestantes. Sin embargo, el sistema penal hace caso omiso a estas circunstancias y decide juzgar en base a prejuicios y estereotipos de “malas mujeres”.
El caso de la "China" no es el único, ni está aislado. En el libro “Dicen que tuve un bebé” las autoras sistematizan los relatos de muchas mujeres presas por eventos obstétricos en todo el país. La frecuencia de estas imputaciones y la falta de perspectiva de género de un sistema penal y judicial que condena y persigue este tipo de hechos, cristaliza cómo nuestro derecho defiende y reafirma valores patriarcales hegemónicos.
¿Y por casa cómo andamos?
La situación de las cárceles en Córdoba replica las estadísticas nacionales. Del total de 10.409 personas presas, 9.923 (95,22%) son varones, 468 (4,49%) son mujeres, mientras que 11 (0,10%) mujeres trans y 7 varones trans (0,06%). El 38% tiene de 25 a 34 años y el 89% de estado civil solterx. Sin embargo, estas estadísticas no registran la cantidad de mujeres embarazadas ni las condiciones en que se desarrollan sus condenas.
Recientemente la justicia dictó resolución en un habeas corpus iniciado por la defensa pública, por las marcadas violencias obstétricas que sufren las mujeres que, privadas de su libertad, cursan embarazos o tienen a sus hijxs estando presas.
Los testimonios son terroríficos: la falta de información, de tratamiento médico, el parir esposada y sin acompañamiento, son algunos de los relatos que estremecen de sólo imaginarlos. Mujeres que luego de parir no pueden ver a sus hijxs, o que pierden sus embarazos sin contención ni cuidados, materializan la perversidad de un sistema de crimen y castigo que se permea a base de prejuicios tras los muros.
La promesa de libertad, fraternidad e igualdad sobre las que se fundó, sin la participación de las mujeres, el Estado exige que indaguemos en estas cuestiones. Una vida libre de violencia no puede pensarse sin replantear los sistemas punitivos y sus opresiones. Luchas que debemos librar
