Lucha antiminera en Panamá: entre la violencia y la entrega

Diversos sectores sociales y políticos vienen llevando a cabo 3 semanas de protestas contra el gobierno panameño, tras la aprobación de un contrato minero con la empresa First Quantum Minerals. La violencia contra los manifestantes ha dejado el asesinato de cuatro personas, al tiempo que desde el Ejecutivo se intenta persuadir la lucha. ¿Cómo sigue el conflicto?

La tercera semana de protestas en Panamá llegó con un doble homicidio en el oeste del país. Las acciones de rechazo al proyecto megaminero sobre el Corredor Biológico Mesoamericano CBM siguen creciendo al tiempo que las hostilidades contra los manifestantes se dan cada semana.

Las demandas populares radican fundamentalmente en el pedido de cierre total de la Minera Panamá en manos de la FQM canadiense, por lo menos hasta que se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las demandas populares que señalan la inconstitucionalidad del contrato Ley 406 firmado por la empresa y el deslegitimado gobierno de Laurentino Cortizó. 

Por su parte, el Procurador de la Administración, Rigoberto González, y el Procurador de la Nación Javier Caraballo, coincidieron en que el contrato de ley es inconstitucional.

A su vez, debido a la presión popular, el Ministerio de Comercio e Industria anunció el pasado miércoles que ya se encuentran en proceso de evaluación y revisión todas las nuevas solicitudes para la exploración y extracción de metales, con el objetivo de cumplir la nueva Ley 407 que prohíbe nuevas concesiones.

Todo parece indicar que las protestas continuarán hasta que se derogue la polémica ley o la Corte Suprema de Justicia emita un fallo a favor de la demanda popular. Mientras tanto, el pueblo movilizado continuará su plan de lucha que va desde la paralización de actos patrios, cortes de rutas hasta paros en la educación y la salud.

La violencia como respuesta política

En este sentido, se debe poner énfasis en que el asesinato de dos militantes esta semana no es un hecho aislado. Ya son cuatro los manifestantes asesinados en distintas oportunidades por ejercer su derecho a la protesta. 

El primer hecho tuvo lugar el 26 de octubre cuando un automovilista cometió un crimen vial sobre el manifestante Agustín Rodríguez Morales, de 49 años, en medio de una movilización en Los Viveros, Buena Vista, Colón.

El segundo hecho sucedió el primer día de noviembre en Chiriquí, cuando un conductor de camioneta atropelló al docente Tomas Milton Cedeño, de 42 años, quien falleció automáticamente. Por el crimen la Policía detuvo a un ciudadano europeo.

El tercer y más grave suceso tuvo lugar el pasado lunes 7 de noviembre cuando un conductor llamado Kenneth Darlington (77) se bajó de su vehículo, habló con los manifestantes que cortaban la ruta en la provincia de Panamá Oeste y asesinó de dos disparos a los activistas Abdiel Díaz e Iván Rodríguez.

Clima hostil contra las protestas

El clima que se vive en Panamá es ambiguo: por un lado las protestas son pacíficas y exhiben la solidaridad intersectorial de la clase trabajadora panameña y por el otro lado crecen las hostilidades hacia las manifestaciones, como también el aprovechamiento de las mismas para otros fines lejanos a las reivindicaciones.

En este sentido, en un informe publicado por el Ministerio Público se da cuenta que hay en curso al menos 175 investigaciones por casos relacionados con delitos cometidos en medio de las masivas protestas. Según se detalla en el boletín de prensa, se informa que 60 personas han sido arrestadas por la participación en actividades delictivas durante las movilizaciones.

A su vez, la Conferencia Episcopal del país demandó que cesen las hostilidades en el país. En su comunicado, los obispos de gran influencia en la sociedad panameña llaman a recordar que “Panamá es una tierra bendecida por su gente, que ha superado situaciones difíciles, sin perder su vocación de libertad y entrega al servicio del bien común”.

Migrar entre las protestas y la violencia

Por otro lado, se agrava la situación de los miles de migrantes varados en Panamá en su exilio forzado hacia los Estados Unidos. Médicos Sin Fronteras (MSF) demanda la creación de un “corredor humanitario” para los más de 8 mil migrantes retenidos. Cinco mil de ellos se encuentran en los centros de recepción habilitados por el Gobierno Nacional. Los demás restantes se encuentran en varias poblaciones situadas en las proximidades de la selva del Darién, reconocido paso entre Panamá y Colombia donde miles de migrantes son víctimas de robos, violaciones sexuales, extorsiones y secuestros.

Según los datos de la ONG MSF, entre enero y septiembre atendieron 47.000 consultas médicas y de enfermería, 2100 consultas de salud mental, 13.500 curaciones y 290 casos de violencia sexual.

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