El modus operandi de hacer desaparecer el cuerpo refleja una búsqueda de los asesinos para lograr impunidad, lo cual hace imprescindible para la investigación que los instructores judiciales acumulen numerosas pruebas para la reconstrucción de lo hechos.
Según un relevamiento que hizo la organización La Casa del Encuentro, elaborado a partir de publicaciones periodísticas, en Argentina hubo -entre 1989 y 2017- al menos 12 casos de femicidios en los que, a pesar de no contar con el «cuerpo del delito» hubo una condena para el autor del crimen.
En todos ellos, los femicidas fueron hallados culpables por distintas autoridades judiciales de las provincias de Neuquén, Mendoza, Buenos Aires, Salta, Tucumán y Río Negro y de la ciudad de Buenos Aires, a pesar de no haberse localizado el cadáver de la víctima.
El dato resuena por lo que está sucediendo ahora con el caso de Cecilia Strzyzowski en Chaco, que se investiga como un femicidio a pesar de que aún no fueron hallados sus restos.
Los condenados
Según recopiló La Casa del Encuentro, los condenados fueron: Salvador Pucci, Diego Estanislao Hervatín, Mauricio Daniel Severi, Daniel Lagostena, Mariano Luque (dos hechos), Aldo Vargas, Roberto Carlos Rejas, César Raúl Villanueva, Rubén Ernesto Carrazzone, Marcos Thola Durán, Victor Purreta y Rodrigo Germán Silva.
En tanto, las víctimas fueron: María Sebastiana Lara, Stella Maris Pugliese, Claudia Marcela Monzón, Érica Soriano, Soledad Olivera, Johana Chacón, Noelia Johana Rodríguez, Milagros Avellaneda y su hijo Benicio Coronel, Adriana del Valle Caballero, Stella Maris Sequeira, Silvia Vázquez Colque, Maira Iris Benítez y Andrea Noemí López.
Si bien La Casa del Encuentro registró 13 casos (12 femicidas) de este tipo en los que no fue hallado «el cuerpo del delito», y por los cuales fueron condenados sus autores, también existen otros dos casos que no fueron incluidos por la organización.
Uno de ellos es el crimen de Annagreth Würgler (28), la turista de nacionalidad suiza vista por última vez en La Rioja en agosto de 2004, por el cual Alcides Cuevas fue condenado a la pena de 18 años de prisión.
El restante fue el asesinato de la artesana Roxana Nuñez (28), quien desapareció en la localidad bonaerense de Tristán Suárez el 1 de marzo de 2009, y por cuyo caso fueron condenados Juan Carlos Zárate a 20 años de cárcel, y a Néstor Javier Leguiza y la pareja de éste, Alejandra Danza, a la pena de 18 años de prisión.
Por otra parte, para la organización, el modus operandi de hacer desaparecer el cuerpo de la víctima refleja una búsqueda de los asesinos «para lograr impunidad», lo cual hace imprescindible que los instructores judiciales acumulen numerosas pruebas «bajo un minucioso análisis, consistentes evidencias documentales, además de testimonios y una sólida cadena de indicios» para arribar a una sentencia condenatoria.
Al respecto, Gabriel Vitale, el juez de Garantías de Lomas de Zamora que intervino en el femicidio de Érica Soriano y por el cual fue condenado a 22 años de prisión su esposo Daniel Lagostena, desestimó por completo la expresión común «sin cuerpo no hay delito» y consideró que en este tipo de investigaciones «lo importante pasa por determinar y reconstruir los hechos, donde la contextualización es fundamental».
«Claramente el proceso de investigación es más arduo. Se tienen que unir todos los contextos: cómo se reconstruyen los hechos, los datos y la situación en base a los elementos que tenés», ilustró el magistrado en diálogo con Télam.
En ese sentido, Vitale agregó: «Hay una máxima que los cuerpos hablan. Por un lado te dicen como fue la muerte, si hubo violencia, hay mucha información. Al no estar disponible, lo que sí tenés es el dato de contextualización».