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¿La dictadura peruana privatiza el Machu Picchu?

La dictadura peruana decidió de forma unilateral privatizar la venta de boletos hacia Machu Picchu, lo que provocó la declaración de paro definido por parte de los pobladores de la localidad. ¿Qué empresa sale beneficiada? ¿Qué dicen los pobladores locales? La dictadura peruana, a través de su Ministerio de Cultura, a cargo de la abogada […]

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La dictadura peruana decidió de forma unilateral privatizar la venta de boletos hacia Machu Picchu, lo que provocó la declaración de paro definido por parte de los pobladores de la localidad. ¿Qué empresa sale beneficiada? ¿Qué dicen los pobladores locales?

La dictadura peruana, a través de su Ministerio de Cultura, a cargo de la abogada Leslie Carol Urteaga, decidió de forma unilateral privatizar la venta de boletos hacia Machu Picchu con la empresa peruana privada Joinnus, sin tener en cuenta las demandas de la población local.

Al enterarse de esta decisión, cientos de pobladores de la región homónima al antiguo poblado incaico decidieron declararse en paro indefinido hasta no que no se dé de baja el contrato firmado por la dictadura y la firma privada.

Luego de cuatro días de intensas protestas, bloqueos de rutas hacia Machu Picchu, y la retirada forzada de cientos de turistas, el gobierno de facto encabezado por Dina Boluarte propuso una mesa de “diálogo”, luego de reprimir con gases lacrimógenos a quienes cortaban uno de los accesos principales al sitio ancestral.

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Sin embargo, la población del distrito acordó rechazar la propuesta gubernamental de los ministros que llegaron a Cusco para sugerir la desactivación del paro indefinido y una posible negociación sobre el tema de la privatización de los boletos.

Las y los manifestantes indicaron que radicalizarán sus protestas si no se cumple con su demanda principal: declarar nulo el contrato que ya le permite a Joinnus vender las entradas para ingresar a Machu Picchu.

A su vez, el comunicado publicado por los pobladores señala también la responsabilidad de las empresas turísticas de seguir ofertando y llevando turistas a la región cuando esta se encuentra en situación de paro.

“Nosotros estamos en contra de la privatización sistemática de Machu Picchu. El pueblo no está de acuerdo, esta empresa ha sido contratada de manera ilegal. Las organizaciones piden que se anule el contrato con la empresa Joinnus", expresó el exalcalde de Machu Picchu, Darwin Baca, a la agencia de noticias AFP.

Negociar la tierra ancestral

El sitio arqueológico incaico recibe 1 millón de turistas por año, siendo una de las “atracciones” más visitadas en todo el mundo. Donde hay turismo, hay plata en juego. Lo que está detrás de la privatización de la venta de los boletos son los negocios de la dictadura para con un territorio sagrado para sus pobladores locales, y un símbolo histórico del Perú. 

En este sentido, el Colectivo Popular Machu Popular Machu Picchu denunció en un comunicado que la empresa Joinnus “ganará 12 millones de soles (3,2 millones de dólares) al año en las comisiones obtenidas por la venta de los boletos de ingreso a la ciudadela inca.

El Machu Picchu fue declarado por la UNESCO como un patrimonio de la Humanidad, y fue elegida como una de las siete maravillas del mundo, pero más allá de lo importante que ello significa, es también un sitio “sagrado” para los pueblos originarios de la región y su ubicación en la ecorregión de las yungas peruanas, situadas en la vertiente oriental de los Andes, forma parte de la cuenca superior del Amazonas, que posee una gran variedad de flora y fauna variadas, las cuales necesitan permanente protección ante la masiva visita de turistas nacionales y extranjeros. Para las y los pobladores locales, la privatización del lugar atenta contra toda esta integridad.

A su vez, Joinnus se define como una “plataforma que conecta personas con los mismos intereses permitiendo a usuarios y a empresas la creación, difusión, gestión y cobro de eventos en Lima y en todo el país de manera sencilla, eficaz y gratuita”. Sin embargo, sus intereses con la dictadura del Perú no se condicen tanto con su amigable descripción.

La situación de tensión que se vive en estos momentos define si el Machu Picchu profundiza su privatización o sigue como hasta ahora con cierta participación de las poblaciones locales. 

Un gobierno ilegítimo e ilegal, responsable de masacres, violaciones sistemáticas a los DD. HH. y de tener a un expresidente como preso político, avanza sobre uno de los patrimonios más sentidos para toda la humanidad. ¿Podrá?

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