Informe CEPA: Análisis del presupuesto para la Emergencia Social 2016-2019

Ayer, el  Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicó un análisis de las partidas presupuestarias previstas en la ley de Emergencia Social y su implementación 2016-2019.  El texto cuestiona la ejecución del presupuesto adicional previsto en la ley, la falta de aumento respecto a políticas alimentarias y la pérdida de poder adquisitivo de las partidas referidas a la emergencia. 

La Ley de Emergencia social obliga al Estado a  reasignar partidas presupuestarias por hasta un monto de 25 mil millones de pesos durante el plazo de la emergencia social, indicando expresamente que si al final del segundo año se hubiera ejecutado dicho monto, el Poder Ejecutivo quedará autorizado a reasignar partidas por un monto de hasta 5 mil millones de pesos más”, por un plazo que finalizaba en diciembre de 2019, explica el informe CEPA.

El texto del  Centro de Economía Política Argentina , hace hincapié en el presupuesto adicional. El mismo permitía extender en otros $5.000 millones en el caso de haber sido ejecutado al 31 de diciembre de 2018 el nivel de gasto dispuesto en la presente ley, el Jefe de Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de proveer los fondos requeridos.

“Al revisar la evolución de la ejecución del Presupuesto 2017, en primer lugar se observa que la misma se atiene a lo enviado al Congreso en septiembre de 2016, previo al Acta Acuerdo firmada con los Movimientos Sociales. Es decir, la ejecución se ajusta al Presupuesto 2017, que ya incluía un incremento en el monto del Programa Argentina Trabaja pero no incluye los montos de la Emergencia Social”, explica el informe CEPA

Para los investigadores del Centro, es llamativa la previsión del Ministerio de Desarrollo Social en el propio Presupuesto 2017, ya que para el programa “Ingreso Social con Trabajo” suponía un aumento de $6,2 mil millones para 2017, monto que, con una tasa de crecimiento de 25% en 2018 y de 25% en 2019, resulta en $24 mil millones en tres años.

“Esto permite inferir que, en el acta firmada (o eventual ley), las organizaciones se aseguraron que ese crecimiento exista (y, va de suyo, que el Programa no desaparezca), pero no se trata de un acuerdo que imponga un presupuesto por fuera a los planes de Cambiemos. Esto se percibe precisamente en la evolución del presupuesto”, sostiene el informe.

Para el cepa existe una coincidencia en magnitud entre el monto del acuerdo con las organizaciones sociales y lo proyectado a partir del presupuesto 2017 para los años 2018 y 2019. (Clickea para conocer los montos)

El informe profundiza en la pérdida de poder adquisitivo del período 2016-2019, en lo referido a las partidas determinadas para la emergencia social. “Si se considera, por ejemplo, Apoyo al Empleo, la reducción real entre el presupuesto de 2017 y el de 2019 asciende a 30%, si se considera el presupuesto original, y 35% si se toma el presupuesto modificado a lo largo del año”, explica el documento.

Respecto a las políticas alimentarias y el aumento de las partidas, el 10 de septiembre la ejecución del presupuesto fue del 58%, cuando debería ser cercana al 70%.

Por último recordamos que recientemente se aprobó la ley de emergencia alimentaria, que propone la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumento para garantizar la alimentación de la población más vulnerable, menor de 16 años.