Una vez más, el Gobierno de Córdoba esquiva hacer una autocrítica por las malas políticas públicas respecto al ambiente y pone el ojo en el factor climático. Sobre esto, hablamos con el biólogo, Fernando Barri.
Por Cristian Dominguez
Reconocidos especialistas del ecosistema en Córdoba publicaron una carta abierta dirigida al Gobierno de la Provincia por la dramática situación de las sierras, respecto a los incendios. Con una adhesión de casi 200 mil firmas, reclaman a las autoridades que tomen cartas en el asunto.
La misiva es una petición en donde enunmeran distintas medidas que permitarán reducir la ocurrencia de futuros incendios en este año y los siguientes. También, apunta a garantizar que parte de las consecuencias que provocan estos incendios sean mitigadas.
Sobre esto, dialogamos con el biólogo e investigador de Conicet, Fernando Barri, quien explicó que «hay que romper» con el discurso de echarle la culpa al clima y «abordar integralmente estos problemas evitando las cuasas que lo originan». De hecho, sostiene el especialista, si el clima es más adverso o es más seco es producto de la acción humana.
Precisamente ayer, el gobernador Juan Schiaretti publicó un hilo de Twitter en donde asociaba a los incendios con la sequía que está viviendo la provincia. No es la primera vez que el cordobesismo usa el factor climático para justificar la degradación ambiental, ya lo había hecho el exgobernador De la Sota en 2015 por las inundaciones en Sierras Chicas: nunca mencionó el desmonte ni la destrucción de las cuencias hídricas.
«Obviamente estos incendios no son productos del clima sino que son productos de décadas de malas políticas públicas. Lo que está ocurriendo es que las acciones humanas, y las políticas desarrollada durante mucho tiempo, desembocan en alteraciones a los fenómenos naturales que luego generan un efecto rebote», explicó Barri.
Y agregó: «Si en las sierras de Córdoba se han permitido desmontes masivos, avance irracional de la frontera urbana y agrícola, incremento del cambio climático y la contaminación, entre otras cosas, es esperable que en algún momento se sufran las consecuencias«.
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Recomendaciones al Gobierno provincial
Las recomendaciones que presentaron los especialistas ante el Gobierno provincial son producto de experiencias internacionales, estudios científicos y técnicos locales. Además, cuentan con la exitosa práctica de organizaciones no gubernamentales, campesinos y pueblos originarios, las cuales poseen además un amplio consenso social.
Una por una, estas son:
- Prohibir el ingreso de personas, cría de ganado o construcciones en las áreas recientemente incendiadas. A posteriori, seguir las recomendaciones elaboradas por reconocidas organizaciones académicas y ambientales.
- Realizar modificaciones en el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Uno de los ejes que remarcó Barri fue el de incorporar a los Brigadistas de incendios forestales en el Plan, ya que al no tener este tipo de brigadistas no se trabaja en materia de prevención. «Eso es un error grave que deberían corregir, debería haber por supuesto más inversiones en el plan general», enfatizó el biólogo. En la petición que enviaron al Gobierno piden que se invierta en educación ambiental, participación ciudadana, equipamientos y puestos vigías de bomberos, entre otras cosas.
- Actualizar el mapa de zonas rojas y amarillas de la Ley Provincial 9814 de bosques nativos, a los fines de establecer espacialmente las áreas protegidas fueron afectadas por los incendios, y se realice un control efectivo de que no se produzcan cambios en el uso del suelo. A su vez, involucrar a todos los municipios y comunas en el pleno cumplimiento de esta ley.
- Legislar sobre el Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Provincia, con un efectiva georeferenciación que establezca qué actividades son o no permitidas en todo el territorio provincial.
- Demandar al Ministerio Público Fiscal la persecución de los delitos de ocasionar incendios. Los fiscales deben investigar las causas y el origen de los incendios, así como velar por el cumplimiento efectivo del Art. 22 de la Ley Federal de Manejo del Fuego que prohíbe el cambio de uso del suelo luego de un incendio.
- Suspender las audiencias públicas virtuales en materia ambiental, ya que no garantizan el debido derecho de la participación de todos los ciudadanos a dar su opinión. El contexto de la actual crisis sanitaria no puede ser utilizado como argumento para facilitar los desmontes en zonas protegidas por leyes nacionales y provinciales.
- Suspender las resoluciones que determinan avanzar sobre grandes extensiones de áreas con vegetación leñosa para hacer cortafuegos. Y revocar la Resolución Nº227 de la Secretaría de Ambiente por su carácter inconstitucional.
Todas las sugerencia son, según los firmantes, porque «nuestra sociedad necesita un Alto al Fuego para las presentes y próximas generaciones en un marco de igualdad, participación e inclusión que proteja nuestra casa común».
A modo de conclusión, Fernando Barri expresó: «De todas las recomendaciones que se vienen elaborando el gobierno no ha tomado practicamente ninguna, ni en lo que hace el combate de incendios forestales ni a la prevención ni al tratamiento posterior. Así que lamentablemente no hay nada bajo el sol en la política pública de Córdoba.»