Criminalización de la protesta: piden elevar a juicio a dirigentes sociales por realizar una movilización
El Fiscal Ernesto de Aragón cita como principales testigos a los propios policías que intervinieron en el operativo callejero realizado contra una Marcha contra el Hambre en abril pasado. El pedido de elevación a juicio es contra cinco referentes locales del “Movimiento Piquetero Nacional” y contra el secretario General del gremio ATE Córdoba, Federico Giuliani. […]
Por Ramiro Quintanilla | 10/31/2023
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El Fiscal Ernesto de Aragón cita como principales testigos a los propios policías que intervinieron en el operativo callejero realizado contra una Marcha contra el Hambre en abril pasado. El pedido de elevación a juicio es contra cinco referentes locales del “Movimiento Piquetero Nacional” y contra el secretario General del gremio ATE Córdoba, Federico Giuliani.
El Fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón, pidió la elevación a juicio de dirigentes sociales por realizar una movilización el pasado 5 de abril.
En esa fecha se llevó adelante una jornada de lucha con 128 marchas en toda la Argentina, reclamando por "los 18 millones de pobres y millones de indigentes", que tuvo su réplica en Córdoba.
La movilización fue convocada por la Unidad Piquetera junto al Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, CUBA, la Asociación de Trabajadores del Estado, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Libres del Sur, Movimiento de los Pueblos, Federación de Organizaciones de Base (FOB) y MST Teresa Vive, entre otras.
"El Gobierno lleva adelante una política de ajuste que hambrea a los trabajadores y saquea a los jubilados. Una política que se profundizará en las próximas semanas, luego del planteo del FMI de profundizar el ajuste con bajas masivas en planes sociales y recortes de los presupuestos en todos los rubros: previsión social, salud, educación, obra pública, etc", indicaba el comunicado de convocatoria.
En este caso, el fiscal De Aragón solicitó la elevación a juicio de Federico Giuliani (Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba), Emanuel Berardo (Dirigente nacional del Polo Obrero), Soledad Cristina Díaz García (Dirigente nacional del Polo Obrero), Marisa Viviana Cariddi (dirigente de Libres del Sur), Agustín Nazar (referente del Movimiento Teresa Vive) y Roxana Alejandra Carezano. En abril se habían realizado las imputaciones.
Se los acusa como “coautores de los delitos de Desobediencia a la Autoridad e Impedimento u Obstrucción de Transporte o Servicios Públicos en concurso material (arts. 45, 239, 194 y 55 del Código Penal)”.
Esta decisión fue tomada luego del amparo presentado por vecinos y vecinas de la zona céntrica para "prevenir de forma anticipada la toma indebida del espacio público". Es por esto que el fiscal consideró que la actitud de quienes se movilizaron fue "deliberada".
En un comunicado presentado por ATE Córdoba se indica que "en un claro ejercicio de la remanida máxima de actuar como juez y parte, el Fiscal de Aragón cita como principales testigos a los propios policías entrenados para reprimir los piquetes y recurrentes protagonistas de casos de ´Gatillo Fácil´".
"El espionaje a las organizaciones libres del pueblo para reprimir la movilización y el reclamo colectivo va de la mano con lo afirmado oportunamente por la Jefa de la Policía, Liliana Zárate, quien confirmó que la Fuerza realiza en la previa de cada marcha un seguimiento de los perfiles de redes sociales de los dirigentes, y que la identificación in situ de los organizadores no es inconveniente ya que despliegan policías de civil y cuentan con el registro de cientos de cámaras dispuestas en la mayoría de las esquinas del casco céntrico de la ciudad de Córdoba. Un combo de inteligencia interior para sofocar el conflicto social que atenta directamente contra el estado de Derecho", señalaron desde ATE.
En junio pasado, Federico Giuliani fue citado a prestar declaración indagatoria y en la ocasión precisó: "La marcha terminó a las 13 y a las 13.30 nos llega la notificación del fiscal" y que este ataque judicial respondía solamente a un intento de criminalización de la protesta.
