Córdoba

Marcha nacional contra el hambre: en Córdoba, imputaron a manifestantes

La imputación estuvo a cargo del fiscal Ernesto Aragón y está avalada por el amparo que presentaron vecinos y vecinas de la zona centro de la ciudad para "prevenir de forma anticipada la toma indebida del espacio público". El pasado miércoles 5 de abril se desarrolló en distintas ciudades del país el "piquete nacional contra […]

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La imputación estuvo a cargo del fiscal Ernesto Aragón y está avalada por el amparo que presentaron vecinos y vecinas de la zona centro de la ciudad para "prevenir de forma anticipada la toma indebida del espacio público".

El pasado miércoles 5 de abril se desarrolló en distintas ciudades del país el "piquete nacional contra el hambre". Tras la marcha en Córdoba, el fiscal Ernesto Aragón decidió imputar a los manifestantes del Polo Obrero y la Unidad Piquetera.

Esta decisión fue tomada luego del amparo presentado por vecinos y vecinas de la zona céntrica para "prevenir de forma anticipada la toma indebida del espacio público". Es por esto que el fiscal consideró que la actitud de quienes se movilizaron ayer fue "deliberada".

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El eje central de la protesta era la regularización en la entrega de alimentos y herramientas para los espacios de trabajo. "La pobreza crece, 39,2% y la inflación de los alimentos acumula un 31% solo en el primer trimestre, planteando una perspectiva de superar nuevamente los tres dígitos anuales. El 58% de las/os niñas/os son pobres y comprometen su desarrollo y futuro", mencionaron las organizaciones.

El fiscal Aragón expresó que "lo que ha sucedido hoy ha excedido una mera marcha o reclamo. La propia organización piquetera ha llamado al bloqueo de rutas y calles, ha sido un deliberado bloqueo de arterias en el casco céntrico".

Desde el Frente Antirrepresivo en Lucha (F.A.L) sostienen que el amparo de los vecinos "le viene como anillo al dedo al gobierno porque implica un pedido de represión y manodurismo sin pagar un costo político que significaría un proyecto de ley".

Asimismo, plantean que estas iniciativas anti-protestas ponen el foco en criminalizar el derecho a manifestarse y no en la crisis socioeconómica que conduce a que se tomen esas medidas de fuerza.

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