Córdoba y una ley por la equidad de género en las empresas

La provincia de Córdoba promulgó una ley que incentiva la participación de mujeres en los directorios de empresas privadas y otras organizaciones. Tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2021.

A los fines de promover la equidad de género en cargos directivos de empresas y otras organizaciones, la Provincia de Córdoba promulgó una nueva ley. En ella, se prevé otorgar una certificación que traiga consigo ciertos beneficios. La iniciativa comenzará a regir desde el 1 de enero del 2021.

La Ley 10.719 fue aprobada por la Unicameral y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La misma busca promover “el principio de equidad de género en la composición de los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas privadas. Cuyo domicilio legal se encuentre radicado en la Provincia de Córdoba”.

De esta manera, la ley considera que sólo se cumplirá la equidad de género cuando los órganos de administración y eventualmente fiscalización estén compuestos por un 50% de mujeres.

La ley aplica a asociaciones y fundaciones. También a todas las sociedades que están bajo la órbita de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ).

Esta norma prevé que las empresas que cumplan con la paridad de género reciban una certificación. La misma incluirá beneficios como “regímenes de promoción, exenciones o cualquier otro estímulo que dispongan los organismos estatales o entidades privadas”.

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¿Qué hacen otras provincias entorno a este tema?

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, nos encontramos con una normativa completamente distinta. La misma fue aplicada por la Inspección General de Justicia (IGJ) en agosto de este año. Pero con la diferencia de que en CABA la equidad de género se planteó como una obligación.

En el caso cordobés, la norma establece que la IPJ “controlar que los estatutos sociales de las personas jurídicas cuya inscripción se solicite respeten los principios de igualdad y no discriminación”. A su vez, “cualquier persona con interés legítimo” puede realizar denuncias ante este organismo si considera que hay cláusulas, regulaciones o disposiciones en los estatutos que “violenten, limiten o restrinjan” esos principios de equidad.

“La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas promoverá el cumplimiento de la presente Ley en sus recomendaciones, comunicaciones y publicaciones oficiales de asesoramiento y tutoriales destinadas a las personas jurídicas sujetas a su fiscalización”, afirma el artículo 7 de la nueva ley.