La sanción de la Ley de Zonificación que habilita la megaminería en la meseta central de Chubut, desató protestas sociales que fueron brutalmente reprimidas por el Estado provincial. A raíz de eso, diferentes colectivos se solidarizaron con la ciudadanía que se manifiesta en las calles.
Este miércoles 15 de diciembre, en una cuestionada sesión express, la Legislatura provincial, de la jurisdicción que dirige Arcioni, aprobó con 14 votos a favor y 11 en contra el proyecto que autoriza la exploración minera –sin utilización de cianuro- en la meseta central.
Organizaciones sociales, ambientales, de Derechos Humanos y personas autoconvocadas, firmaron un comunicado con el fin de impulsar la paz social, donde reclaman la derogación inmediata de la Ley XVII Nº 149 (Zonificación minera), promulgada a través del Decreto 1285/21.
«La aprobación de la zonificación minera ha sido posible mediante un proceso de degradación institucional y democrática, agravado por la brutal represión arremetida contra la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, colmando las calles de Chubut», sostiene el documento.
Las protestas multitudinarias reflejan que la decisión del Gobierno chubutense y la legislatura a favor de la megaminería no cuenta con licencia social.
Antecedentes de lucha provincial contra la megaminería:
- En 2003, un 82% de la población de Esquel votó el “No A La Mina”, un plebiscito histórico que dejó claro que la minería no tenía licencia social en la zona. Además, se sancionó la primera de muchas leyes provinciales que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas.
- El movimiento de asambleas territoriales impulsó dos nuevas instancias de iniciativa popular en 2014 y en 2020, para reforzar el mensaje del 2003.
O sea, una provincia que lucha desde hace décadas contra los proyectos extractivistas…pero la dirigencia política provincial buscó avanzar en las medidas para habilitar la megaminería, por ejemplo, con un blindaje jurídico y judicial que debilite al máximo el acceso a la justicia en materia de derechos humanos y ambientales.
«Para restituir el pacto social y la legitimidad democrática es necesario garantizar la voluntad popular y, no solamente revertir la zonificación minera, sino avanzar en un contexto institucional y jurídico que garantice el bienestar de las personas y la vida en todo el territorio«, enfatiza el texto.
Las organizaciones consideran que las Iniciativas Populares son el camino para otorgar a la población local y las comunidades originarias el debido proceso de consulta y participación: «Lo que está en peligro hoy en Chubut no es solo el agua y los territorios sino también la paz social, los derechos humanos y la democracia»
El pronunciamiento completo➡️ https://bit.ly/NoALaMegamineriaEnChubut