A 6 años de su detención, dirigentes políticos y sociales piden la libertad de Milagro Sala
A raíz de un proceso judicial denunciado por irregularidades y persecución política, la líder de Tupac Amaru sigue privada de su libertad desde 2016. Organismos de derechos humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) reclamaron en una solicitada la libertad de Milagro Sala, quien este domingo cumple […]
Por Cristian Dominguez | 01/18/2022
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A raíz de un proceso judicial denunciado por irregularidades y persecución política, la líder de Tupac Amaru sigue privada de su libertad desde 2016.
Organismos de derechos humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) reclamaron en una solicitada la libertad de Milagro Sala, quien este domingo cumple seis años detenida, y advirtieron que "con presos políticos no hay democracia plena".
"Una vez más nuestra profunda preocupación y nuestro total repudio ante la persecución y el hostigamiento que viene sufriendo Milagro Sala, quien este domingo cumple 6 años de prisión arbitraria e ilegal", expresaron los firmantes.
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Y añadieron: "El caso de la líder de la Tupac Amaru se constituyó en el laboratorio de lo que fue el lawfare en Argentina y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar a dirigentes políticos, sociales y sindicales, como se evidencia cada día con mayor fuerza en nuestro país, con los hechos que salen a la luz pública".
Milagro está presa por la causa que se conoce como "pibes villeros", en la cual se la acusa por defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita. Por este caso, la Justicia la condenó a 13 años de prisión. Sin embargo, como la sentencia no está firme, la Corte todavía puede torcer la situación y autorizar el reclamo.
Además, Sala ya había sido penada con tres años de prisión por instigar un escrache y ataque a huevazos en 2009 contra el entonces senador y actual gobernador, el radical Gerardo Morales.
Denuncias de persecución política
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una de las organizaciones que denuncia al gobernador de Jujuy Gerardo Morales por supuestas irregularidades en el proceso judicial que llevó a la detención de Milagro Sala.
Tal es así, que el CELS llevó el caso a la Corte Interamericana por la "situación de hostigamiento y criminalización que padece" la líder de Tupac Amaru. En la denuncia, mostraron las intenciones de Morales que, desde antes de asumir, montó "una campaña de desprestigio y estigmatización que recaía sobre ella".
"De este modo, se desató una persecución en su contra por la que se le iniciaron diferentes causas penales con el exclusivo fin de asegurar su detención y posterior permanencia en situación de encierro preventivo", señalaron desde el Centro.
En su sitio web, el CELS cuenta la cronología del caso de la siguiente manera:
Cuando a fines de 2015 Gerardo Morales asumió como gobernador de la provincia anunció su intención de obligar a las organizaciones sociales de Jujuy a reempadronarse en un nuevo registro de cooperativas. La Red de Organizaciones Sociales (ROS) de la que Milagro Sala formaba parte como representante de la Tupac Amaru, encabezó un pedido de reuniones con el gobernador para interiorizarse sobre las nuevas medidas. La negativa de Morales para establecer diálogo y brindar explicaciones llevó a que en diciembre de 2015 las organizaciones sociales iniciaran un acampe como protesta.
Pocos días después, el Poder Ejecutivo provincial dictó un decreto con el que buscó intimidar a las organizaciones para lograr que levantaran el acampe. El decreto suspendía la personería jurídica de aquellas organizaciones que permanecieran en el lugar y establecía la pérdida de derechos sociales para quienes allí se manifestaran. Producto de eso algunas de las organizaciones sociales abandonaron el acampe.
Pero la Tupac Amaru se mantuvo en el lugar, y sobre esta organización recayó toda una serie de medidas de criminalización, incluyendo la detención de Milagro Sala, que se produjo el 16 de enero de 2016.
El 29 de enero, el juez a cargo de la causa ordenó su excarcelación. Sin embargo, el mismo día, antes de que fuera liberada, se pidió otra vez su detención por otra causa.
En esta nueva investigación se la acusaba de defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita cuya revisión se encuentra, desde marzo del 2020, en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es por ese caso que aún hoy cumple una prisión preventiva en su casa del barrio Cuyaya, en la capital jujeña.
A seis años de su privación de libertad, la causa de la protesta que dio origen a su detención sigue pendiente de juicio oral y la persecución por este hecho continúa hasta hoy. Resulta inadmisible que el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina sea materia de persecución penal. La prisión preventiva que pesa sobre ella es violatoria de las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.
