Encuesta sobre Vicentin: “empate técnico” entre apoyos y rechazos

Los datos proporcionados surgen de la base de 1200 personas de todo el país, encuestadas por Zuban, Córdoba y Asociados. Una opinión polarizada y un alto nivel de desinformación.

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández anunció en conferencia de prensa la intervención estatal en el Grupo Vicentin, así como también la propuesta de estatización que será tratada en el Congreso. Rapidamente, el tema copó la agenda mediática y, a partir de esto, la consultora política Zuban, Córdoba y Ascociados realizó una encuesta.

Los datos proporcionados surgen de la base de 1200 encuestados en todo el país, siendo la técnica de recolección de información “Plataforma Web”. El error de muestreo es de +/- 2,83% y el nivel de confianza de 95%.

Una de las preguntas más importante del cuestionario refería al conocimiento del conflicto Vicentin. Para sorpresa, la alta repercusión del tema no es suficiente -o es ineficiente- para mantener informada a las personas. Casi la mitad de los encuestados sabe “poco” o “nada” de este caso.

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Sobre las intenciones del Gobierno nacional, los datos muestran que “el 31,5% de los internautas considera que la intervención es un avance del gobierno sobre la propiedad privada; 1 de cada 4 argentino no sabe qué tipo de acción es y un 20% considera que se trata de un rescate a una empresa quebrada”. De aquí mismo se desprende que entre la aceptación y el rechazo a la intervención, la opinión está polarizada.

Casi en la misma sintonía, buscando qué valorización da el público a la intervención, Zuban, Córdoba y Asociados pregunta: ¿Qué tan necesaria y urgente considera que es la medida adoptada por el gobierno nacional en relación a la intervención de la empresa? El 30,8% afirma que es “innecesaria” contra un 24,6% que evalúa que es “necesaria y urgente”; y un 22,8% que la considera “necesaria, pero no urgente”. Aquí aparece otro fuerte núcleo de indecisos, de un 22,5%.

Otras lineas que se mostraron más favorable al Gobierno nacional fue a cerca de las intenciones de la intervención y expropiación, la comparación del caso Vicentin con YPF y la responsabilidad del gobierno anterior.

Dentro del informe los consultores observan, y no se equivican, que el “tema Vicentin divide aguas” y forma parte de “un proceso abierto” del que seguramente “surjan nuevos ejes para estudiar”.

Sin lugar a dudas, será tarea del Estado y lo de los medios ampliar la información sobre este conflicto que podría tener un fuerte impacto en el escenario político y económico del país. A simple vista, da la impresión de que hay un alto índice de desconocimiento, tal como lo demuestra el siguiente ejemplo:

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Por Cristian Dominguez

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