¿Cómo impactarían las modificaciones de Milei en la Ley de Salud Mental?
El presidente envió al Congreso la "Ley Ómnibus", que pretende modificar 8 artículos de la normativa de Salud Mental. Dialogamos con integrantes del Observatorio de Salud Mental y DD. HH. de Córdoba acerca de ello. Hace unos días, el presidente Javier Milei envió al Congreso la "Ley Ómnibus". Se trata de una iniciativa de 664 artículos […]
Por Agustina Bortolon | 01/09/2024
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El presidente envió al Congreso la "Ley Ómnibus", que pretende modificar 8 artículos de la normativa de Salud Mental. Dialogamos con integrantes del Observatorio de Salud Mental y DD. HH. de Córdoba acerca de ello.
Hace unos días, el presidente Javier Milei envió al Congreso la "Ley Ómnibus". Se trata de una iniciativa de 664 artículos distribuidos en 351 páginas, que modifica varias leyes. Entre otros puntos, busca introducir un cambio en la Ley 26.657, de "Derecho a la Protección de la Salud Mental". Se tratará en el Congreso de la Nación el 25 de enero, un día después del paro general de la CGT, previsto para el 24.
Las reformas promueven que los jueces faciliten la internación de personas con afecciones de salud mental, elimina la prohibición de crear nuevos "manicomios" y reduce la participación de organismos especializados y asociaciones civiles en el órgano de revisión.
En diálogo con El Resaltador, la Mgter. Jaschele Burijovich -integrante del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos y vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales- explicó que las leyes de salud mental son reformas que "exceden lo sanitario".
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Se trata de iniciativas que incorporan la perspectiva de los derechos humanos. Las modificaciones impulsadas por Milei pretenden cambiar 8 artículos de los más de 40 que componen la ley. "Sobre todo, impactan en cuestiones que se vinculan a los derechos de las personas".
"Se retrotrae a la intervención de la Justicia, se judicializan procesos que se había intentado desjudicializar, aumentan las posibilidades de encierro", lamentó Burijovich. Todo esto implica en los usuarios y usuarias un aumento de las posibilidades de discriminación y es el fin del proceso de "desmanicomialización".
Sumado a lo anterior, Burijovich dijo que, con las modificaciones de la "Ley Ómnibus", se habilita la "pérdida de autonomía de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Esto le quita posibilidades de hacerse cargo de su propia vida y le da más poder a la corporación médica para incidir en las decisiones y en los proyectos de vida de las personas".
Avances y retrocesos
En línea con Burijovich, la Dra. Solana Yoma -integrante del Observatorio de Salud Mental y DD. HH. y becaria postdoctoral del CONICET- mencionó que uno de los principales avances desde que existe la Ley de Salud Mental fue la reducción de la cantidad de personas internadas en hospitales monovalentes.
"En un relevamiento que hizo el CELS en el año 2007, previo a la sanción de la ley, en Argentina había 25 mil personas internadas en hospitales psiquiátricos. En 2019, la Dirección de Salud Mental y Adicciones ejecutó un censo nacional que arrojó como resultado que había 12 mil usuarios ingresados", detalló Yoma.
Si bien resalta que la meta era que para el año 2020 ya no deberían existir los manicomios, se registró un "progreso muy importante al reducir a la mitad la cantidad de personas internadas".
Asimismo, en las provincias los avances fueron dispares. Yoma expuso que, como ejemplo, en Buenos Aires, las mejoras fueron significativas. No obstante, "en Córdoba venimos denunciando cuestiones que tienen que ver con que el presupuesto de Salud Mental debería ser del 10% del total de salud, y acá, en nuestra provincia, ese presupuesto ronda el 5%".
"Además, en Córdoba siguen existiendo los hospitales monovalentes. Se han creado camas en hospitales generales, pero son insuficientes para la población cordobesa. También se necesitaría avanzar en la creación de dispositivos sustitutivos al manicomio: casas de medio camino, de convivencia, centros de día, todo una red de dispositivos para que las personas puedan llevar proyectos de vida digna en la comunidad", agregó.
La Dra. Solana Yoma dijo que, en esta "transformación de la estrategia sanitaria", sería necesario "fortalecer el primer nivel de atención con psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, entre otros, para prevenir y promover la salud mental en los territorios y que realmente las internaciones puedan ser un último recurso cuando se hayan agotado todas las estrategias posibles a nivel de la comunidad".
Si bien la normativa de Salud Mental trajo consigo importantes cambios en la materia, aún falta un largo camino para que este espectro de la salud sea considerado desde una perspectiva de derechos humanos. "No hay que poner el foco solamente en la transformación del sistema de atención, sino además poner a las personas y a sus derechos en el centro de las políticas públicas", aclara Yoma.
Lo anterior se liga a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y monitoreo de la ley, para tutelar las condiciones en que se realizan las internaciones y que las personas ingresadas en estos centros no sufran violaciones a sus derechos humanos mientras atraviesen un padecimiento subjetivo.
Por tanto, resaltó que es fundamental integrar a las personas usuarias en los procesos de planificación, formulación, evaluación y monitoreo de estas políticas.
Ambas especialistas concuerdan en que, por fuera de estos cambios específicos, el cierre del INADI, la apertura hacia las prepagas y la desregulación del mercado de los medicamentos -todas iniciativas del gobierno libertario- impactan negativamente en esta población vulnerable.
