El referente de la pu lof en Resistencia de Cushamen se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Federal 14 de Esquel desde enero. Dialogamos con Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados acerca de la situación.
Este jueves 27 de julio comenzó el juicio de extradición contra Facundo Jones Huala, referente de la pu lof en Resistencia de Cushamen, quien permanece detenido en la Unidad Penitenciaria Federal 14 de Esquel desde enero de 2023.
El proceso judicial fue solicitado por el gobierno chileno, que reclama que Jones Huala termine de cumplir la condena que le impuso la Justicia de Chile y que finalizará en junio de 2024.
El lonko fue detenido en enero de 2023 en una vivienda en la localidad de El Bolsón (Río Negro). Fue por una contravención excarcelable, pero los gobiernos de Argentina y de Chile impulsaron su extradición al país vecino.
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En diciembre de 2016, había sido condenado a 9 años de prisión en Chile por ser autor de los delitos de incendio y portación ilegal de arma de fuego, por hechos ocurridos en el año 2013.
En diálogo con El Resaltador, Eduardo Suárez -miembro de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina- manifestó que la situación del lonko «implica un golpe importante a distintas comunidades indígenas».
Suárez agregó que en la detención de Jones Huala hay una clara responsabilidad de la Justicia Federal, pero también del Gobierno nacional. Esto es «porque los pedidos de extradición se dirigen directamente a la Cancillería Argentina».
Por lo tanto, la Cancillería es la que da el visto bueno para que se proceda o no en la extradición.
Facundo Jones Huala es un perseguido político
Desde la Gremial de Abogados sostienen que «Facundo es un perseguido político, y eso quedó claro sobre todo en Chile, por la forma en la que lo buscaron. El Gobierno nacional debería haber dado cuenta de esta situación, de las irregularidades a las que fue sometido».
Es por esto que se llega al juicio en una «situación de minusvalidez, porque el juez nos rechazó absolutamente todas las pruebas, y le admitió todas a la Fiscalía. La prueba es esencial en un juicio, independientemente de que sea penal, civil o laboral».
Suárez resaltó que «esta forma de administrar justicia es algo que nos puede ocurrir a todos, saquémonos de la cabeza que esto es solo con Facundo o con las comunidades indígenas. Son métodos que van mutando en la Justicia federal y en la Justicia de las provincias, donde cada vez más se violan garantías procesales y resguardos constitucionales«.
Este jueves, en el inicio de las audiencias, la Gremial de Abogados planteó la nulidad del juicio, entendiendo que se vieron afectadas garantías constitucionales, igualdad ante la ley y defensa del juicio. «Estamos impedidos de probar situaciones que se encuadran dentro de los artículos de la ley de extradición, que impedirían la misma. Allí radica la gravedad de la situación». Pese a ello, el pedido fue rechazado por el fiscal.
Para finalizar, Eduardo Suárez expresó: «Hoy en día, en distintos lugares del país, lo que se está viendo es una ofensiva muy grande de las clases dominantes, de los sectores más poderosos, del imperialismo, de lo peor del capitalismo contra el pueblo, contra los sectores más desprotegidos. Y en ese sentido, la Gremial de Abogados va a estar siempre que nos requieran».