Buscan acelerar las investigaciones por desaparición de personas en Córdoba

Se trata de un proyecto presentado en 2014 por el Partido Obrero, el cual establece que las denuncias por desaparición de personas deben ser tomadas en el acto, sin esperar 48 horas para iniciar la investigación. 

Este miércoles se tratará en la Legislatura de Córdoba un protocolo para que al denunciar la desaparición de una persona, la investigación correspondiente comience de inmediato, sin esperar 48 horas para recibir la denuncia. 

Se trata de un proyecto liderado por la legisladora Cintia Frencia en 2014, el cual obtuvo un dictamen favorable de la comisión parlamentaria, por lo que podría ser aprobado en la sesión de hoy. 

Esta iniciativa surgió del femicidio de Paola Acosta, quien comenzó a ser buscada por las fuerzas de seguridad después de numerosas movilizaciones, ante la negativa de las autoridades para iniciar el rastreo antes de las 48 horas desde la última vez que la vieron. 

La legisladora Frencia conversó con La Nueva Mañana y remarcó que “no existe ninguna normativa dentro de la Policía de Córdoba que establezca que haya que esperar 48 horas para iniciar la búsqueda.” Se trata de una costumbre que supone que la persona desaparecida lo hizo por sus propios medios y ya volverá. 

“El problema es que esa práctica deja con la soga al cuello a aquellas personas que son víctimas de trata de personas, ya que las primeras horas son claves para avanzar en la investigación”, afirmó Frencia. 

La norma a tratarse hoy establece que, cualquier funcionario público está obligado a tomar las denuncias por desaparición de personas de manera inmediata. Además, establece sanciones para quienes no cumplan con esto y remarca que la denuncia puede ser realizada por cualquiera que plantee una relación cercana con la persona desaparecida. Hasta el momento, estas denuncias sólo pueden ser realizadas por familiares.

A su vez, esta norma establece que las fuerzas de seguridad están obligadas a ofrecer toda la información disponible a los vinculados con las potenciales víctimas de desaparición. Además de poner todos los elementos de la fuerza a disposición de realizar la búsqueda. 

La reglamentación estará a cargo del Ministerio Público Fiscal y del Poder Ejecutivo, que deberán hacerse cargo de crear un Registro de personas desaparecidas de acceso público; además de un 0800 destinado a colaborar con la búsqueda de personas.

Por Carmela Laucirica