Argentina: El embarazo adolescente le cuesta al Estado $32 mil millones
Según los datos presentados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA) y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia de Argentina (ENIA), el embarazo adolescente le cuesta al Estado 32 mil millones de pesos al año. La investigación, titulada consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en […]
Por Emilia Urouro | 03/03/2020
🕒 3 minutos de lectura
Según los datos presentados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA) y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia de Argentina (ENIA), el embarazo adolescente le cuesta al Estado 32 mil millones de pesos al año.
La investigación, titulada consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Argentina , de la cual participó el Ministerio de Salud, comparó las trayectorias laborales y educativas de las mujeres que tuvieron una hija/o “en edad temprana” (entre 15 y 19 años) con quienes lo hicieron en “edad adulta” (entre los 20 y 29 años).
Según el informe, el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son problemas sociales de magnitud considerable y de larga data para Argentina. En 2017 nacieron en Argentina 704.609 niños y niñas, de los cuales un 13% (94.079) son hijos o hijas de adolescentes menores de 20 años y 2.493 de niñas menores de 15 años
De manera general, el documento explica que las jóvenes que tuvieron un hijo tienen menos probabilidades de terminar sus estudios secundarios, se ven más afectadas por el desempleo y permanecen más tiempo en el hogar dedicadas a tareas domésticas y de cuidados.
Ahora bien, ¿Qué abarcó la investigación? Cinco consecuencias socioeconómicas: 1) nivel educativo alcanzado, 2) participación laboral y empleo, 3) ingresos individuales, 4) atención medica de la gestación, el parto, el puerperio y los recién nacidos, y 5) ingresos fiscales percibidos por el Estado a través de impuestos.
¿Qué datos obtuvieron?, por ejemplo, se reveló que en Argentina, quienes dieron a luz en la adolescencia registran una menor probabilidad de terminar sus estudios secundarios (solo el 38% de estas mujeres completó la educación secundaria contra el 55% de quienes la/o tuvieron después de los 20 años).
En sintonía con el párrafo anterior, las chicas que tuvieron una hija o hijo a temprana edad se ven más afectadas por el desempleo: registran niveles de desempleo un 21,4% mayores que quienes los tuvieron en edad adulta.
No solo las mujeres que fueron madres tempranas resultan afectadas económicamente, el Estado también registra pérdidas. Según el informe presentado, el embarazo genera costos al país por 32 millones de pesos.
¿De dónde surge ese monto? El 32 % de esa cifra, corresponde a los costos que afronta el Estado en términos de gastos directos en atención médica, las madres jóvenes en su mayoría dependen en forma exclusiva del sistema público de salud para la atención de sus embarazos y partos. Siguiendo esa línea, la maternidad temprana es más riesgosa, según el estudio, en los últimos seis años se registraron un promedio de 33 muertes por año en adolescentes.
De los 32 millones de pesos, el 68% restante se atribuye a la pérdida de ingresos generados por las brechas que enfrentan las mujeres que fueron madres tempranas en el mercado laboral.
Sigamos con los números. En 2018 el Sistema Público de Salud atendió 83. 788 embarazos adolescentes (incluye la atención prenatal, del parto, el puerperio y del recién nacido/a con complicaciones), destinando $7.597 millones de pesos.
El informe, plantea que si se tiene en cuenta que para el 70% de los nacidos vivos de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad y el 80% de las niñas entre 10 y 14 años, son embarazos no intencionales, se estima que el Estado podría ahorrar $5.318 millones al año (140 millones de dólares) mediante la prevención de estos embarazos.
Como síntesis final, podemos decir que el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana no solo resultan perjudiciales para el desarrollo económico, sino que se traducen en inequidad social y de género que compromete el cumplimiento de los Derechos Humanos.
