¿Qué pasó con Abel Ayerza? El caso que impulsó el proyecto de incorporar la pena de muerte al Código Penal
El verano argentino de 1932-1933 es el del caso Ayerza. El secuestro del joven aristócrata por las mafias sicilianas en Rosario fue el suceso que impulsó el proyecto de incorporar la pena de muerte al Código Penal en Argentina. Abel Ayerza era un estudiante de medicina que pertenecía a una familia privilegiada de Buenos Aires. […]
Por Agustina Bortolon | 09/24/2021
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El verano argentino de 1932-1933 es el del caso Ayerza. El secuestro del joven aristócrata por las mafias sicilianas en Rosario fue el suceso que impulsó el proyecto de incorporar la pena de muerte al Código Penal en Argentina.
Abel Ayerza era un estudiante de medicina que pertenecía a una familia privilegiada de Buenos Aires. Era hijo del doctor Abel Teodato Ayerza, uno de los médicos más prestigiosos del país, que había fallecido hacía unos quince años.
En octubre de 1932, Abel había viajado a una estancia familiar en Calchaquí junto a dos amigos, Alberto Malaver y Santiago Hueyo, hijo de Alberto Hueyo, Ministro del Interior del Presidente Justo.
En las primeras horas del 23 de octubre de 1932, cuando volvían de Marcos Juárez junto con el mayordomo Juan Andrés Bonetto, los jóvenes observaron un vehículo estacionado contra la tranquera y un hombre en el camino que les hacía señas con una linterna.
Al detenerse fueron reducidos por un grupo integrado por los sicilianos Santos Gerardi, Romeo Capuani, Juan Vinti y José Frenda, los tres primeros radicados en Rosario y el último en un pequeño pueblo de Chilibroste.
Gerardi llevaba la voz de mando.
“Mañana llegará una carta a la estancia donde se exigirá el precio por el rescate, que deberá ser entregado en el lugar indicado”, le dijo a Bonetto y a Malaver mientras los maniataba y les pedía que no den aviso a la policía.
Se retiró con Ayerza y Hueyo hacia Corral de Bustos, donde los esperaban otros cómplices, Vicente y Pablo Di Grado. Liberaron primero a Hueyo, quien llevó una carta firmada por Ayerza donde pedía por favor que sin causar mayor revuelo, pagaran el rescate así podría quedar en libertad.
Pese a la petición de Ayerza de que este caso no cobrara demasiada relevancia puesto que su vida peligraba, dado el carácter prestigioso y aristócrata de esta familia, el secuestro trascendió de inmediato alarmando no sólo a la policía de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, sino también al Ejército y a la opinión pública, que se encontraba profundamente agitada y exigía la pena de muerte para los culpables.
Luego de varios operativos truncos, y tras cuatro meses en los que Ayerza permaneció secuestrado, el caso tuvo el peor desenlace: el joven había sido asesinado pese a que sus familiares habían hecho efectivo el pago del rescate.
Los Di Grado lo enterraron primero en zona rural de Corral de Bustos y después trasladaron sus restos a un paraje cercano a Chañar Ladeado, en la provincia de Santa Fe.
Se dijo que uno de los principales instigadores de este secuestro había sido Juan Galiffi, conocido como 'Chicho Grande', hecho que nunca pudo probarse. De todas maneras, luego de la investigación judicial, este personaje fue deportado de Argentina para regresar a su país de origen, Italia. Luego de sufrir la cárcel, murió.
La indignación ante su asesinato fue potenciada por un contexto político marcado por el auge del nacionalismo xenófobo y el consenso respecto a que las leyes eran insuficientes para reprimir el delito.
La pena de muerte en Argentina
A partir de este suceso, impulsaron el proyecto de incorporar la pena de muerte al Código Penal, que contó con la aprobación del Senado de la Nación, y el apoyo de Manuel Iriondo, ministro de Justicia del entonces presidente Justo.
De todas formas, la pena de muerte ya tenía antecedentes en Argentina. En 1813, la Asamblea General Constituyente había abolido esta condena. Esta decisión, se mantuvo vigente durante toda la época de la Colonia.
Si bien hubo casos puntuales en los que se aplicó, lo que denota una discontinuidad persistente, fue derogada en agosto de 1852 y abolida por la Constitución de 1853.
La provincia de Buenos Aires replicó la decisión en 1868, pero fue reimplantada en el Código Penal de 1886.
En Julio de 1916, se aplicó por última vez la pena de muerte para delitos comunes que contemplaba el código de 1886, con el fusilamiento de Francisco Salvatto y Giovanni Lauro, los culpables del secuestro seguido de muerte de Frank Carlos Livingston.
Si bien la pena de muerte estaba contemplada en el proyecto del Código Penal de 1922, finalmente el Congreso no la votó. Primó la postura de que no existe derecho alguno de matar a un semejante; que la muerte del acusado no repararía el mal causado y que, en definitiva, el condenado debía vivir precisamente para reparar el daño ocasionado.
Pero como anticipamos, fue a partir del caso de Ayerza en 1932, que la pena de muerte volvió a reconsiderarse, cuando el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Congreso que consistía en electrocutar a los condenados, método que ya se aplicaba en Estados Unidos.
Las condenas a los culpables
Este crimen se fue esclareciendo a punta de pistola, cachiporrazos y sopapos. Desagradables o no, la verdad se fue imponiendo dejando algunos muertos en el camino.
Al tiempo de comenzada la investigación, los principales responsables del secuestro y muerte de Ayerza estaban detenidos o con pedido de captura. Así se supo que este secuestro exigió en su momento un modesto operativo de “inteligencia” a cargo de los hermanos Gianni.
Los mafiosos pensaron en principio secuestrar al empresario Domingo Benvenutto de la ciudad de Leones, operativo descartado porque éste no se encontraba en el país. El segundo objetivo fue uno de los herederos de la familia del empresario Pedro Araya, de Marcos Juárez, operativo también descartado porque había un juicio sucesorio de por medio. Fue así como se decidió secuestrar a Ayerza.
Las condenas fueron cadena perpetua para Romeo Capuani, José Frenda, Vicente y Pablo di Grado y Juan Vinti. Penas de diez a quince años para Pedro Gianni, Salvador Rinaldi, María Fabella y Graciela Marino. El juez interviniente fue Francisco Setien.
Años después, en la cárcel de Córdoba, Vinti asesinó a Frenda.
Todos fueron sentenciados a pagar por "daño material y moral" a la madre de Ayerza 300.000 pesos (el doble del rescate); la Justicia embargó la casa de los Di Grado donde Abel estuvo cautivo. Todos terminaron cumpliendo la pena en Ushuaia, en la "cárcel del fin del mundo".
Para 1939 la mafia siciliana de Rosario estaba desarticulada.
¿Fue todo un malentendido?
Las hipótesis sobre por qué mataron a Ayerza son dos: la más difundida es que en Corral de Bustos entendieron mal el telegrama. La suegra del cobrador del rescate debía avisar con un telegrama que el pago estaba hecho. "Manden el chancho; urgente" era el mensaje en clave a dar.
La mujer era analfabeta y le pidió a su hija Graciela Marino ("La flor de la mafia") que se encargara. Debía remitir el telegrama a un criador de chanchos de Corral de Bustos, que les avisaría a los Di Grado. En vez de decir "manden al chancho", aparentemente habría dicho "maten al chancho", y ahí el malentendido.
La otra –la que figura en el expediente policial– es que los cuidadores del cautivo no soportaron la presión policial, temieron que una vez liberado Abel los reconociera y se apuraron a deshacerse de él incluso antes de recibir el telegrama.
