El nuevo borrador tiene 279 artículos y declara la emergencia en cuatro áreas por un año, reduce la cantidad de empresas del Estado plausibles de privatizar, se eliminaría la última moratoria previsional y se propondrá una reforma laboral en acuerdo con otras fuerzas.
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso la nueva ley Ómnibus, que contiene 279 artículos en lugar de los más de 600 originales.
Luego de la marcha atrás que tuvo que hacer el oficialismo en febrero por el tratamiento, se redujeron los artículos y ahora continúan la puja para ver si logran que se apruebe la normativa en Diputados.
El proyecto será tratado en comisiones y puede haber artículos que sufran modificaciones, pero el objetivo del gobierno es que no se dilate el tratamiento en el recinto.
En resumen, algunos de los puntos fundamentales del borrador de la nueva Ley Ómnibus, que ingresó al Congreso y sería tratado antes de fin de mes, son los siguientes:
- Emergencia: el oficialismo propone dictar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.
- Reforma Laboral: si bien no se incluye en el borrador, se estima que este apartado se conversará con sectores dialoguistas e incluiría cuestiones vinculadas al blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores, extinciones penales, condonación de deuda y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.
- Privatizaciones: ya no son 40 las empresas a privatizar, sino que son 18 divididas en tres grupos que podrán ser privatizadas en mayor o menor medida. Hay empresas que podrán ser privatizadas totalmente, como Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina; empresas sujetas a privatización y concesión como AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse); y empresas que podrán venderse, pero el estado debe quedarse con participación mayoritaria en el capital como Nucleoeléctrica Argentina SA, Banco Nación, Nación Seguros, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
- El Gobierno podrá renegociar o rescindir contratos de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados.
- Se faculta al Poder Ejecutivo nacional, durante un año, a disponer la derogación o modificación de las nomas de rango legal que:
- a) generen, de forma manifiesta, distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente;
- b) impliquen la constitución de monopolios artificiales en actividades en las que sea posible la competencia; o
- c) se vinculen con la negociación de instrumentos de oferta pública a los fines de fomentar el uso de los mismos.
- Se permite que Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) sea invertido «de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los lineamientos fijados por esta ley y las normas reglamentarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley No. 26.425». Dicha normativa indica que los recursos del FGS, sólo podrán ser usados para el sistema previsional, ergo, jubilaciones.
- Se establecen modificaciones a la ley de Hidrocarburos y cuestiones referidas al gas, como la autorización de «las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa».
- Se crea «el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad el que, una vez constituido, reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)».
Paquete Fiscal
A su vez, desde el oficialismo enviaron un paquete fiscal al Congreso. Se trata de modificaciones que resultan sustanciales en la visión del gobierno que mide sus éxitos desde la recaudación, el gasto y lo meramente económico.
En este paquete, lo más destacado es la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Según trascendió, se establecerá un mínimo no imponible de $1.800.000 para los trabajadores solteros y $2.300.000 para casados con hijos.
Además, el esquema fijaría una escala progresiva de tributo que arranca del 5% hasta llegar al 35%, al tiempo que contempla una actualización por IPC para que se mantenga la proporcionalidad inicial.
El proyecto incorpora también una moratoria de deudas impositivas, aduaneras, y de la seguridad social; el blanqueo de capitales; modificación de Bienes Personales, e impuestos internos; y del monotributo, entre otros temas.
Entre estas modificatorias, destacan:
- La creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social.
- El Régimen de Regularización de Activos.
- La modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.
- La eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.
- La modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
- La creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.