El informe fue elaborado por la ONG internacional, Greenpeace. Analiza las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa.
En 2019, la deforestación en el norte argentino dejó números alarmantes: al 80.938 hectáreas de bosque fueron arrasadas. El registro lo hizo Greenpeace a través de su Campaña de Bosques.
Según la organización internacional, Argentina se encuentra en emergencia forestal. En 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) advirtió que aquí ocurre el 4,3% de la deforestación global. Una advertencia que también hizo la ONU en 2015.
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Y para muestra, un botón. Córdoba, a comienzos del siglo pasado Córdoba tenía cerca de 12 millones de hectáreas de bosques nativos originales. De ese total, hasta las mediciones hechas por el grupo de investigación liderado por Marcelo Zak y Marcelo Cabido, en el año 2000 determinó que en la provincia los bosques nativos ocupan solo un 3,6%. Es decir, solo unas 594 mil hectárea.
No obstante, el norte argentino es el que representa el 80 por ciento de la deforestación a nivel país. Principalmente las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero, donde las principales causas son el avance del negocio agropecuario y los incendios.
«La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas. No obstante, a doce años de su aprobación, su efectiva implementación enfrenta dificultades que deben ser resueltas de manera urgente«, explica Greenpeace.
Y agrega: «Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques hasta fines de 2018 se perdieron cerca de 2,8 millones de hectáreas de bosques nativos».
En este sentido, se concluye que «resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. Frente a esta situación, Greenpeace reclama que se implementen políticas, leyes y acuerdos más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus históricos habitantes«.
Por Cristian Dominguez