El consumo no es delito: un abordaje desde la perspectiva de los derechos humanos

¿Cómo es el trabajo territorial, integral y comunitario que brindan los movimientos populares hacia las personas con consumo problemático de sustancias? Desde EL RESALTADOR hablamos con coordinadores de distintos espacios para entender cómo es esta lógica que se opone al castigo o al aislamiento de los jóvenes.

Desde hace años, las organizaciones populares y eclesiales intervienen en los barrios más precarizados de Argentina para dar una respuesta a las múltiples problemáticas del territorio emergentes a partir de la crisis económica, social y política, que estalló en nuestro país a principios del nuevo siglo.

Una de estas problemáticas fue el aumento del consumo problemático de sustancias, el cual requirió diseñar programas de asistencia y acompañamiento. En Argentina, los distintos gobiernos -provinciales y nacionales- solo brindaban soluciones bajo lógicas punitivas o sanitarias, tratando a los consumidores de “enfermos”, en ciertos casos, o de delincuentes.

En efecto, luego de un intenso trabajo de mucha responsabilidad y compromiso colectivo entre los movimientos sociales y la SEDRONAR, se logró la apertura de más de 200 CAACS, DIAT y otros espacios de acompañamiento en todo el país.

Así, se aplicó un cambio de modelo de tratamiento, en el cual se plantea una alternativa de abordaje a los consumidores de diversas sustancias psicoactivas, dejando atrás las lógicas implementadas por el Estado.

Desde espacios como Casa Pueblo o Somos Pueblo, parten de una premisa diferente: el consumo no es solo un problema de sustancias, sino fundamentalmente de personas que se vinculan con esas sustancias de acuerdo a sus trayectorias de vida y al contexto económico, cultural y social de la época.

Es por eso que lo central de sus intervenciones es que el acompañamiento es profundamente integral, territorial y comunitario dentro de los barrios, integrando así una perspectiva más amplia de los derechos humanos fundamentales de las personas.

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Guerra contra la nada

Paralelamente al Sedronar y a los momivientos populares, en Argentina siempre se llevó a cabo la “lucha contra las drogas” o “guerra contra el narcotráfico”, en el cual apuntan a endurecer las sanciones contra quienes consumen o trafican.

Según un informe de CELS, alrededor de 25.000 personas por año son criminalizadas por las fuerzas federales motivo de tener escasa cantidad de sustancias para su propio consumo, principalmente cannabis. La mayoría son jóvenes, entre 16 y 30 años, de nacionalidad argentina, de bajos ingresos, sin antecedentes penales y sin estar cometiendo delito alguno al momento de su detención.

Además, los delitos no violentos relacionados con drogas –como el microtráfico- son la primera causa de detención de mujeres en Argentina. 60% de ellas se encuentran en prisión preventiva, sin comprobarse aún su culpabilidad. Lo que demuestra que la llamada “guerra contra el narcotráfico” no es más que una pantomima para llenar publicidades de campaña electoral.

Los resultados de criminalizar consumidores y el microtráfico solo aumentó el número de personas en las cárceles y nunca disminuyó la cantidad de consumidores ni de narcotráfico.

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