Argentina: luchas vigentes en pandemia

El mundo atraviesa una situación extraordinario, por un virus se detuvieron cientos de actividades, pero te contamos que en nuestro país la violencia institucional y la explotación del medio ambiente no paran.

Ilustración Cooperativa El Resaltador

El 2020 está prendido fuego, no en un sentido completamente negativo, es como si nos mantuviera en alerta, una alerta que te despierta antes del colapso. Noto, semana tras semana, hechos de impacto social que dan de qué hablar. O será que en pandemia todo parece más relevante, o será que la desigualdad se ve más y se tolera menos.

Violencia institucional, crímenes raciales y deforestación, son los tópicos que encontrarán en esta nota. Son las temas que llegan a El Resaltador, y que intentamos visibilizar, porqué como decía Walsh “el periodismo o es libre o es una farsa”.

Dos hechos se conocieron en los medios de comunicación los días 31 de mayo y 1ro de Junio, en tiempos donde aún rigen las medidas de aislamiento dictadas por el gobierno, agentes de seguridad usaron de manera abusiva sus armas de fuego y asesinaron a dos personas.

En junio, la justicia tucumana determinó por peritajes científicos que Luis Espinoza fue asesinado por el arma de un policía. La pistola Jericho calibre 9 mm, pertenecería al oficial auxiliar José Morales, uno de los policías procesados.

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La violencia institucional no es característica de un solo lugar, a varios kilómetros de Tucumán, en la Isla Maciel, barrio ubicado en Avellaneda (provincia de Buenos Aires), el policía federal Osvaldo Nicolás Rendichi asesinó a Lucas Adrián David Barrios.

El agente había pactado la compra de una PlayStation por redes sociales. Cerca de las cuatro de la tarde de ayer, llegó al lugar acordado en su auto, llevando el dinero pactado, Lucas lo esperaba. Según el policía, ingresaron por un pasillo del barrio y apareció una persona armada, que lo quiso asaltar.

El policía declaró que la otra persona hizo un disparo, pero su respuesta fue vaciar el cargador, no sobre quien lo amenazaba, sino sobre Barrios, que murió a los pocos minutos de ser trasladado al Hospital Fiorito.

“Un policía, que según su propia admisión se identifica como tal y dispara su arma reglamentaria, por añadidura 18 veces, sobre una persona desarmada que no lo estaba agrediendo, no comete un homicidio simple, con la agravante del uso de arma, sino un homicidio calificado por ser integrante de las fuerzas de seguridad que actúa abusando de su cargo o función”, resalta Correpi.

Estos dos casos son recientes, son crímenes perpetrados por fuerzas de seguridad del Estado. Como en Estados Unidos, acá la policía también comete actos de violencia extrema. Sobre este punto, Identidad Marrón escribió en Cosecha Roja, y sumó un giro sobre la raza.

“Pensar que los asesinatos racistas de mano de organismos estatales son lejanos, nos permite no ver que los asesinatos a personas marrones y racializadas que suceden en argentina son racismo, los diarios nacionales titulan sus muertes como gatillo fácil, solo casualidad, la violencia policial no se mezcla con el racismo acá, y esa negación no tiene color político.

La nota citada, me hizo pensar en la definición de crimen de odio, es decir, aquellos delitos que tienen lugar cuando una persona ataca a otra motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social, según su edad, sexo, género, religión, raza, etnia, nivel socio-económico, nacionalidad, ideología o afiliación partidaria, discapacidad u orientación sexual.

La violencia institucional debería ser analizada teniendo en cuenta las condiciones sociales y raciales de las víctimas. En Argentina, los barrios más perjudicados suelen ser lo más vulnerados socio-económicamente.

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“Personas desaparecen en mano de la policía, personas mueren en mano de la policía. Y quienes ven esas noticias no ven colores de piel, ni tampoco ven racismo. Tal vez sea el momento de empezar a verlo”, plantea Identidad Marrón.

Ahora bien, no solo vivimos tiempos de repudio contra el abuso de poder, en plena cuarentena, los reclamos contra la deforestación siguen vigentes. Greenpeace ha denunciado la pérdida de 200 hectáreas de bosques por día

El monitoreo de deforestación en el norte de Argentina que realiza el organismo ambientalista, mediante la comparación de imágenes satelitales, reveló que entre el 15 de marzo y el 30 de abril se desmontaron 9.361 hectáreas. Esa cifra equivale a una superficie similar a la de media ciudad de Buenos Aires.

Alertar sobre desmonte es el primer paso para visibilizar la problemática ambiental. En mayo, Greenpeace apoyó la denuncia de los mbya guaraníes que viven en territorio de Tekoa  Ka´a Kupe, en Campo Grande, Misiones, ya que fueron afectados por la extracción forestal realizada por la empresa CARBA S.A., autorizada por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables sin su consentimiento.

“El conflicto afecta un área de 5 mil hectáreas reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenass (INAI) desde 2016 a la comunidad del Valle del Cuña Piru 2 Ka’a Kupe, y alcanza a otras dos comunidades que habitan en el territorio”, explican desde la agrupación medioambientalista

Greenpeace apela a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y destaca- entre otros derechos- el consentimiento libre, previo e informado para las decisiones que los afectarán, inclusive sobre cualquier proyecto en sus territorios tradicionales, y particularmente en relación con la exploración, la utilización o explotación de sus recursos.

2020 se está haciendo notar. En Argentina diferentes reclamos coinciden en el mismo momento histórico, ¿Cómo será el país después de que pasemos la pandemia? ¿Nos atrevemos a formar una sociedad más solidaria o seguimos con este modelo cada vez más frágil?.

Fuente: Correpi; Cosecha Roja; Greenpeace

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