A 10 años de la Ley de Glaciares, un gran paso ambiental para Argentina

Se trata de la ley que fija presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar.

El 30 de septiembre de 2010, el Congreso de la Nación terminaba de sancionar la Ley Nacional de Glaciares, la cual fija presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar.

Llegar a esa sanción fue el resultado de un proceso de muchos obstáculos desde ciertos sectores, sobre todo del lobby extractivista. Según Greenpeace, actualmente hay unos 44 proyectos mineros que iban a operar sobre glaciares y están frenados.

Este logro es de las más de 200 mil personas que se involucraron para defender estas invaluables reservas de agua dulce del planeta. Una ley similar había sido vetada en el año 2008, bajo la firma de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

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Tras dos años de lucha constante, el Congreso aprobó esta iniciativa y, fue así, una de las leyes más importantes de protección ambiental y demanda popular.

Una de las empresas mineras "perjudicadas" por la ley es Barrick Gold. Por este motivo, la multinacional inició una demanda en 2011 contra el Estado Nacional, con el apoyo de la provincia de San Juan. De esta forma intentaba demostrar que la Ley de Glaciares era inconstitucional.

Finalmente, en junio de 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró por unanimidad que la Ley de Glaciares es constitucional. El fallo señala que la responsabilidad en la protección de glaciares es compartida entre Nación y las provincias. También, reafirma que los derechos individuales como el de propiedad ceden ante derechos colectivos como el derecho al agua.