Villa Libertador: ATE denunció al Gobierno por el traslado del equipo de salud mental

ATE Córdoba realizó una presentación ante la Justicia Contencioso Administrativa, impugnando los traslados de las trabajadoras del Equipo de Atención Comunitaria (EAC) de Villa Libertador.

La denuncia contra el gobierno busca preservar los derechos de las trabajadoras y de la comunidad a conservar una prestación del Estado de un servicio fundamental durante la pandemia.

El sindicato resaltó que el traslada impacta sobre un sector de la ciudad castigado por las cloacas a cielo abierto, que también tiene necesidades de atención por violencia de género y adicciones.

¿Quienes fueron trasladadas? parte del personal destinado al servicio de salud mental comunitaria que se desempeña en la sede de la calle Tilcara, clausurada a principios de abril por el Ministerio de Salud aduciendo problemas edilicios.

Denuncian que la medida fue arbitraria, ya que se tomó luego de que las trabajadoras reclamaran la reapertura del espacio.

Ante ese panorama, desde ATE Córdoba realizaron acciones gremiales a los fines de restituir el servicio, rechazando el traslado de las trabajadoras por tratarse de persecución sindical y política.

El reclamo es claro: exigen la reinstalación de las compañeras. Este plan de lucha gremial se extendió hacia la comunidad, y ahora se sumó la denuncia judicial.

Sobre este último punto, la abogada del sindicato, María Terragno, explicó que se trata de “una demanda contencioso administrativa, impugnando dos resoluciones que disponen el traslado de las compañeras psicólogas y enfermeras que se desempeñaban en el Equipos de  Atención Comunitaria de Villa Libertador”.

En relación al párrafo anterior, agregó que ellas vienen trabajando desde hace más de 20 años, conformando un equipo de salud mental que construyó redes y diversas articulaciones con vecinos y vecinas.

Por otro lado, Terragno explicó que “además de esta acción de nulidad, pedimos una medida cautelar porque entendemos que están siendo vulnerados los derechos de las trabajadoras y de los vecinos y vecinas como beneficiarios del servicios”.

Vale resaltar que se refiere a tratamientos terapéuticos, que no es conveniente cambiar de profesional, “sobre todo ante patologías graves generadas por situaciones como violencia de género, adicciones”.

Sobre la arbitrariedad de la medida, la letrada señaló que “en plena pandemia este centro de atención ubicado en el corazón de Villa Libertador fue cerrado, aduciendo que se iban a realizar refacciones edilicias que nunca sucedieron, las compañeras fueron trasladadas sucesivamente de un lugar a otro porque no tenían dónde trabajar y, finalmente, el centro comunitario fue reabierto pero sin las trabajadoras”.

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